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Con el objetivo de garantizar una verdadera reinserción social para los adolescentes en conflicto con la ley, el diputado Jesús Martín Cuanalo Araujo, del Partido Verde Ecologista de México, propuso reformar el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La iniciativa busca establecer de forma explícita los derechos y mecanismos necesarios para ofrecer a los jóvenes una segunda oportunidad y un futuro digno. Actualmente, el artículo 18 contempla el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la educación, la salud y el deporte como bases del sistema penitenciario. La propuesta amplía este enfoque para incluir las artes y la cultura como herramientas clave de reintegración, además de establecer lineamientos específicos para la atención de adolescentes internados.
Cuanalo Araujo señaló que, si bien existe un marco legal como la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, sus principios aún no se reflejan directamente en la Constitución. “Es momento de dejar de enfocarnos solo en el castigo y empezar a ofrecer verdaderas oportunidades de transformación”, afirmó.
La reforma obligaría a los centros de internamiento a implementar programas obligatorios de instrucción deportiva, formación en oficios, atención a la salud mental y adicciones, actividades artísticas y culturales, así como educación académica desde la alfabetización hasta el nivel medio superior.
También contempla medidas diferenciadas de reinserción basadas en el Modelo de Intervención para la Justicia Penal para Adolescentes, así como estrategias de desinstitucionalización progresiva, priorizando alternativas a la privación de la libertad cuando sea viable.
El diputado destacó que estudios del INEGI y el Instituto Mexicano de la Juventud respaldan la efectividad de estas estrategias en la reducción de la reincidencia, y en el desarrollo de habilidades sociales, disciplina y autoestima.
La propuesta impone plazos claros: el Congreso deberá armonizar la legislación secundaria en 180 días; los estados tendrán un año para adecuar sus normas; y los centros de internamiento contarán con un plazo máximo de dos años para implementar los programas.
“Esta reforma no solo transforma la vida de los adolescentes que han cometido errores, también fortalece el tejido social, reduce la reincidencia y contribuye a construir comunidades más seguras e incluyentes”, concluyó Cuanalo Araujo. También hizo un llamado al Congreso a respaldar la iniciativa: “Invertir en la juventud es invertir en un México más justo, humano y con oportunidades para todos”.