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La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, lanzó un firme pronunciamiento tras los recientes hechos de violencia registrados en Sinaloa y Baja California, donde varios profesionistas del Derecho fueron víctimas de ataques armados, algunos con desenlaces fatales, incluyendo atentados contra oficinas jurídicas.
Los sucesos, calificados por la organización como de “extrema gravedad”, no solo constituyen delitos que deben investigarse, sino que representan una amenaza directa al Estado de Derecho y a la seguridad de quienes ejercen la abogacía en México.
“Estos actos no pueden ni deben normalizarse”, advierte la presidenta de la institución, Ana María Kudisch Castelló, al subrayar que cada agresión contra un abogado debilita el acceso a la justicia y pone en riesgo el equilibrio democrático del país.
La Barra exigió a los tres niveles de gobierno realizar investigaciones profundas que permitan esclarecer los hechos y castigar a los responsables conforme a derecho. En su posicionamiento, señalaron que el ejercicio de la abogacía debe llevarse a cabo en condiciones de libertad, independencia y seguridad, ya que constituye un pilar para la protección de los derechos humanos y el funcionamiento de una sociedad regida por normas e instituciones.
El organismo advirtió sobre los peligros de permitir que este tipo de ataques queden impunes: “Corremos el riesgo de fomentar una sociedad donde se imponga la justicia por propia mano y se acuda a vías ilegales para resolver conflictos, lo cual solo contribuye a una mayor descomposición social”.
En ese sentido, la Barra Mexicana expresó su solidaridad con las familias de las personas afectadas, así como con toda la comunidad jurídica del país. Reiteraron que continuarán alzando la voz para defender la integridad del gremio y fortalecer las instituciones democráticas.
El comunicado se da en un contexto nacional donde profesionales del Derecho enfrentan riesgos crecientes por su labor, especialmente en zonas con presencia de conflictos criminales o intereses particulares que buscan cooptar o intimidar a operadores jurídicos.