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Con la entrega de certificados parcelarios, títulos de propiedad y asesorías especializadas, diversas dependencias federales encabezaron en Tamazulápam, Oaxaca, la Primera Caravana para las Mujeres en la Propiedad Social, una iniciativa que busca reconocer y fortalecer los derechos agrarios de las mujeres en comunidades ejidales y de bienes comunales.
Durante tres días, habitantes de la región chocholteca y mixteca participaron en jornadas informativas y de salud, así como en módulos de atención donde se ofrecieron servicios vinculados al acceso y defensa de la tierra. El Registro Agrario Nacional (RAN) entregó un total de 107 documentos, entre ellos certificados de uso común y depósitos de listas de sucesión, como parte de este esfuerzo interinstitucional.
La caravana fue organizada por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), en colaboración con la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y otras instituciones como la Procuraduría Agraria, el IMSS Bienestar, Finabien y la Comisión Nacional Forestal.
Uno de los ejes centrales fue la entrega de la Cartilla de Derechos de las Mujeres, una herramienta pedagógica para promover la igualdad y visibilizar las problemáticas agrarias desde una perspectiva de género. Esta cartilla fue distribuida entre 500 personas, entre niñas, niños, mujeres y hombres, y fue acompañada de asambleas comunitarias donde se recogieron inquietudes locales y se ofreció orientación sobre violencia de género y reconocimiento de derechos.
Las actividades incluyeron también talleres sobre participación femenina en la defensa de la tierra y justicia agraria, espacios donde se discutió el papel de las mujeres en la toma de decisiones y en la gestión de los recursos colectivos.
Además, la Procuraduría Agraria ofreció asesorías jurídicas a 34 mujeres y 42 hombres en temas relacionados con la propiedad social, promoviendo el acceso equitativo a la tierra y el reconocimiento de derechos sucesorios.
De acuerdo con las autoridades, toda la información recabada será clave para elaborar un diagnóstico sobre cuidados comunitarios, con el fin de diseñar políticas públicas acordes a las realidades locales.