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El sistema de justicia penal federal en México enfrenta deficiencias estructurales que comprometen la calidad del proceso penal, tanto en el respeto a los derechos de las personas imputadas como en la eficacia de los operadores judiciales. Así lo advierte el informe Calidad de la Justicia 2023, elaborado por el centro de análisis México Evalúa, que analizó el desempeño de fiscales, defensores, jueces y asesores jurídicos en seis entidades del país.
Se trata de la primera evaluación que se enfoca exclusivamente en el fuero federal y forma parte de la serie “Hallazgos”, que esta organización ha producido durante más de una década para monitorear la implementación del sistema penal acusatorio en México.
El estudio revela que las fallas técnicas, el uso de un lenguaje judicial inaccesible y las restricciones al acceso público a las audiencias son elementos recurrentes que debilitan la legitimidad y eficacia de la justicia penal federal.
Defensores sin estrategia y fiscales mal preparados
Uno de los principales hallazgos del informe es la ausencia de una defensa técnica adecuada para las personas imputadas. En la audiencia inicial, los defensores —tanto públicos como privados— se mostraron pasivos, sin ofrecer pruebas propias ni argumentaciones sólidas. En múltiples casos no impugnaron de forma efectiva la imposición de la prisión preventiva oficiosa, aun cuando la persona imputada se había presentado voluntariamente a la audiencia.
Las consecuencias de esta actuación deficiente se amplifican cuando se considera que, en todos los casos observados, la defensa no solicitó la evaluación de riesgo de la persona imputada por parte de la autoridad competente, ni argumentó sobre la convencionalidad de la medida cautelar solicitada.
Del lado de los fiscales del Ministerio Público, el panorama no es más alentador. El informe de México Evalúa muestra que, en causas relacionadas con delitos fiscales y financieros, la Fiscalía General de la República (FGR) no logró sostener sus acusaciones, lo que derivó en sentencias absolutorias por insuficiencia probatoria. En al menos tres de las seis causas observadas, la FGR tuvo que desistirse de testigos clave, y en algunos casos no pudo presentar pruebas relevantes en juicio.
Lenguaje técnico, audiencias diferidas y falta de control judicial
Pese a ser los mejor evaluados del proceso, los jueces federales también presentan áreas críticas de mejora. El informe destaca el uso extendido de lenguaje técnico, que impide la comprensión plena del proceso por parte de las personas imputadas, las víctimas y el público. Esta barrera comunicativa afecta el derecho a una tutela judicial efectiva y debilita la percepción de legitimidad del sistema.
Además, se observó una actitud permisiva por parte del Poder Judicial hacia prácticas procesales negativas, como el uso excesivo de la lectura durante las audiencias, los constantes diferimientos bajo el argumento de posibles acuerdos anticipados —que nunca se concretaron— y la falta de control sobre defensores que incumplen estándares mínimos.
En al menos un caso, el imputado tuvo que realizar personalmente el contrainterrogatorio ante la falta de preparación de su abogado. En otro, la defensa presentó objeciones reiteradas e improcedentes que entorpecieron el juicio sin que el tribunal interviniera oportunamente.
Acceso restringido a la justicia y opacidad en el Poder Judicial Federal
Uno de los aspectos más criticados por México Evalúa es el acceso limitado a las videograbaciones de audiencias públicas, que el Poder Judicial Federal condiciona a la presencia física del solicitante en las instalaciones de los Centros de Justicia Penal.
A diferencia de lo que ocurre en varios poderes judiciales estatales, que ya cuentan con plataformas en línea para garantizar la publicidad de las audiencias, el nivel federal mantiene un esquema restrictivo que va en contra del principio de publicidad del proceso penal, consagrado en el artículo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Este modelo, señala el informe, obstaculiza el seguimiento ciudadano y la rendición de cuentas, limita el derecho a la información y afecta directamente la legitimidad del sistema penal acusatorio.
Datos clave del informe:
Además de los hallazgos cualitativos, el informe ofrece una serie de datos concretos que ilustran con mayor precisión el desempeño de los operadores judiciales y las condiciones en que se desarrollaron los procesos observados. Estos indicadores permiten dimensionar la magnitud de los retos que enfrenta la justicia penal federal en México y respaldan la necesidad urgente de implementar reformas y mejoras sustantivas:
- Duración promedio de los procesos: 422 días (14 meses).
- En los casos analizados, la prisión preventiva oficiosa se impuso por regla general, sin análisis de proporcionalidad.
- Asesoría jurídica victimal ausente o pasiva en 4 de 6 causas.
- Evaluación del Ministerio Público en juicio oral (escala 0-100):
- Argumentación: 88.5
- Interrogatorio: 86.2
- Claridad: 63.3
- Igualdad procesal: 57.1
Recomendaciones: capacitación y control institucional
El informe concluye con una serie de recomendaciones urgentes:
- Capacitación especializada para fiscales en delitos complejos, como operaciones con recursos de procedencia ilícita o delincuencia organizada.
- Establecimiento de mecanismos para identificar y remover defensores públicos o privados que no cumplan con los estándares de una defensa técnica.
- Promoción del uso de un lenguaje claro, accesible e incluyente por parte de jueces y fiscales.
- Implementación de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso remoto a las audiencias.
Un llamado a corregir el rumbo
“El tipo de control y conducción del proceso que ejercen los jueces detona o perpetúa prácticas negativas”, advierten, que considera indispensable reforzar el enfoque en derechos humanos, transparencia y capacidad técnica para avanzar hacia una justicia penal federal eficiente, legítima y accesible.
En resumen, el informe pinta un panorama preocupante: la justicia penal federal en México sigue atrapada en inercias procesales, operadores poco preparados y un sistema que aún no garantiza plenamente los derechos ni la publicidad del proceso.