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La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) advirtió que las políticas de prohibición en torno a la venta de vapeadores y cigarrillos electrónicos no solo han fallado en su propósito de erradicar su consumo, sino que han favorecido la expansión de un mercado ilegal con consecuencias negativas para la economía, la salud pública y el orden comercial.
En un posicionamiento reciente, ANPEC retomó los hallazgos del estudio elaborado por El Colegio de México (Colmex), el cual estima que el mercado de productos alternativos de nicotina en el país alcanza un valor de más de 26 mil millones de pesos anuales, pese a la prohibición decretada en 2022. Según el análisis del Colmex, este consumo masivo ocurre a través de canales informales, lo que impide la aplicación de normas de calidad, seguridad sanitaria y tributación.
ANPEC sostiene que las prohibiciones comerciales están condenadas al fracaso, ya que no eliminan la demanda, sino que la trasladan a la clandestinidad. “Intentar cancelar la demanda de un producto con un decreto es totalmente inviable”, declaró Cuauhtémoc Rivera, presidente del organismo, al subrayar que este tipo de políticas debilitan al comercio formal y generan condiciones de riesgo para los consumidores.
De acuerdo con la agrupación, el mercado negro de vapeadores no ofrece garantías sanitarias, políticas de precios claras ni responsabilidad de marca, exponiendo al comprador a una cadena de productos sin regulación ni trazabilidad. Además, al operar fuera del sistema fiscal, estos dispositivos no aportan recursos al Estado, en un momento en que las finanzas públicas necesitan fuentes de ingreso para sostener programas sociales.
El estudio del Colmex también revela que en México hay al menos cinco millones de usuarios de vapeadores, todos abastecidos por un mercado ilegal que escapa a cualquier tipo de supervisión. Rivera remarcó que esta situación no solo afecta la salud y la economía del consumidor, sino que beneficia a redes de distribución clandestina que ven en estos productos una vía para financiar actividades delictivas.
Para ANPEC, el camino no es la prohibición, sino la regulación del mercado, con mecanismos que garanticen la inocuidad de los productos, establezcan responsables legales y permitan al gobierno recaudar impuestos. La organización reiteró que la función del Estado debe centrarse en reglamentar, no en cancelar mercados enteros. “Esta es la fotografía de una mala decisión: prohibir en lugar de reglamentar”, concluyó Rivera.