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El caso de los seis migrantes asesinados por disparos del Ejército Mexicano el pasado 1 de octubre en Chiapas, mismo día en que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia del país, ha tenido un nuevo capítulo. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó que los hechos constituyen violaciones graves a los derechos humanos y pidió una serie de acciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), entre ellas reparar el daño y establecer un protocolo de atención a migrantes.
De acuerdo con la Recomendación 175VG/2025, los elementos militares hicieron un uso ilegítimo de armas de fuego al disparar contra una de las tres camionetas en las que viajaban personas migrantes provenientes de países como Egipto, Nepal, India, Pakistán y Cuba. En total, seis personas perdieron la vida, entre ellas una menor de edad, y nueve más resultaron heridas.
Los hechos ocurrieron en la carretera Villa Comaltitlán-Huixtla, en Chiapas, cuando las camionetas presuntamente intentaron evadir un retén militar. Según la investigación de la CNDH, no hubo un intento previo de detener el vehículo con métodos menos letales y el uso de la fuerza no fue ni gradual ni proporcional. Esto, subraya el organismo, coloca a dos militares como responsables directos por haber incumplido su obligación de proteger la vida de los ocupantes del vehículo.
La agresión, registrada la noche del mismo día que Claudia Sheinbaum tomó protesta como presidenta, generó atención mediática nacional e internacional, no solo por la magnitud de la tragedia, sino también por el contexto simbólico y político en que ocurrió.
En su momento, la Sedena informó que los dos militares implicados habían sido separados del cargo y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Ahora, la CNDH va más allá y pide a la dependencia colaborar en la reparación integral del daño, incluyendo atención médica y psicológica para las víctimas directas e indirectas.
Además, la Comisión solicita que se elabore y aplique un Protocolo de Atención al Migrante, así como cursos especializados sobre el uso de la fuerza y los derechos humanos en contextos de movilidad. También requiere que Sedena colabore con las investigaciones penales y administrativas abiertas.
El caso ha reavivado la discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior y migración, especialmente en una región como el sur del país, donde el paso constante de personas migrantes coincide con operativos militares.
Aunque la CNDH no acreditó una intención directa de causar la muerte, advirtió que la respuesta militar fue innecesaria y letal, lo cual representa una falla grave en la actuación institucional.