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A un mes de que fue aprobado por el Congreso, el nuevo régimen fiscal de Pemex con el que se crea el “Derecho Petrolero para el Bienestar” (DPB), que reduce el pago de impuestos de la empresa, genera dudas en su eficiencia pues no solo dejaran de entrar al menos 26 mil 600 millones de pesos a las arcas públicas, pues sin controles tampoco hay garantías en la rentabilidad y operación de la petrolera encabezada por Víctor Rodríguez Padilla.
Es decir, un menor pago de derechos e impuestos no garantiza una mejora en la rentabilidad y operación de la petrolera, pues sin controles e incentivos adecuados, los recursos liberados podrían destinarse a actividades poco rentables, como el negocio de refinación, en lugar de fortalecer áreas estratégicas como la exploración y extracción de hidrocarburos, según un reporte del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)
La evidencia más reciente lo confirma: en 2024, incluso con una menor carga fiscal, Pemex registró su segunda mayor pérdida en al menos 14 años: 620 mil 600 millones de pesos
Sin el pago del Derecho Petrolero para el Bienestar dicha pérdida habría sido de 489 mil 900 millones de pesos.
De acuerdo al estudio, Nuevo Régimen Fiscal de Pemex: implicaciones para la Competitividad”, más allá de reducir la carga fiscal de Pemex, el problema de fondo radica en la gestión de la empresa.
Mientras no se implementen cambios estructurales que mejoren su eficiencia operativa y financiera, es probable que la empresa continúe dependiendo del apoyo presupuestario del Gobierno, comprometiendo recursos públicos que podrían destinarse a infraestructura, salud, seguridad, educación, entre otros rubros fundamentales para mejorar la calidad de vida de la población y la competitividad de México.
Este cambio tiene implicaciones que afectan tanto el desempeño de Pemex como los ingresos públicos del Gobierno mexicano.
Si el nuevo Derecho Petrolero para el Bienestar hubiera estado vigente en 2024, Pemex habría pagado aproximadamente 225 mil 400 millones de pesos, un 10.6% menos que los 252 mil millones de pesos que declaró bajo el esquema fiscal anterior, es decir, 26 mil 600 millones de pesos.
De esta manera, la creación del DPB consolida la tendencia iniciada en 2019 de reducir gradualmente la carga fiscal de Pemex, disminuyendo la tasa del DUC de 65% en 2019 a 30% en 2024.
El Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) es un impuesto que Pemex pagaba al gobierno mexicano por la explotación de hidrocarburos.
Esta nueva estrategia de reducir carga fiscal a Pemex, ha llevado a que esa empresa deje de pagar al Estado mexicano aproximadamente 724.1 mmdp por concepto de este derecho entre 2020 y 2024.
Aunque este cambio pretende mejorar la situación financiera y operativa de Pemex, un menor pago de derechos e impuestos no garantiza una mejora en la rentabilidad y operación de la petrolera.
A diferencia del Derecho por la Utilidad Compartida (DUC) que permitía la deducción de las inversiones y costos asociados a las actividades de exploración y extracción, bajo este nuevo esquema no se permiten deducciones de costos por parte de la empresa.
Este cambio no solo incrementa el pago de derechos en comparación con un escenario en el que se permitieran cierto tipo de deducciones, sino que la eliminación de deducciones en el pago del DPB modifica los incentivos de la empresa petrolera y la hace perder atractivo entre los inversionistas.
En particular, reduce el atractivo para la inversión en nuevos proyectos de exploración y extracción en comparación con la explotación de campos desarrollados, maduros o con menor riesgo financiero.
Esto –agrega---podría generar una menor incorporación de reservas y afectar la sostenibilidad de la producción en el largo plazo.