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La presidenta Claudia Sheinbaum, envió al Senado una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, misma que contempla modificaciones al marco regulatorio del sector y la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
De acuerdo con el texto, el nuevo organismo regulador será la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que asumirá todas las funciones, atribuciones, recursos y procedimientos en curso del IFT.
Entre los aspectos más destacados de la iniciativa se encuentra un nuevo esquema de sanciones económicas, que van del 0.01% al 0.75% de los ingresos de los sujetos regulados, incluso en casos de cláusulas abiertas o tipos administrativos no especificados.
El decreto establece que las concesiones y autorizaciones vigentes se respetarán, pero se contempla la transición de títulos habilitantes anteriores a 2014 al nuevo régimen legal.
Además, se suspenderán por 60 días hábiles varios trámites y procedimientos, sin afectar las obligaciones de los concesionarios y agentes regulados.
Asimismo, se incluyen causales para la revocación de concesiones, como el incumplimiento del Plan de Reemplazo de Recursos Orbitales.
La propuesta establece un plazo de 30 días naturales para su entrada en vigor, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
También, se garantiza la preservación de los derechos laborales de los trabajadores del IFT, quienes serán reubicados conforme a la normatividad aplicable.
Asimismo se instruye a la Agencia a emitir en un plazo de 180 días, un plan de licitación de bandas de frecuencia para promover un desarrollo eficiente del sector.
Esta reforma forma parte de los cambios estructurales impulsados por la administración actual en el marco de la simplificación orgánica del Estado mexicano.
En el articulo 210 de esta nueva ley, se restituye la facultad del estado para prohibir la publicación de propaganda o publicidad, de gobiernos extranjeros, luego de que el gobierno de estados unidos difundió una campaña en televisión y plataformas digitales en contra de mirantes indocumentado.
Antes de que se recibiera la iniciativa, la oposición expresó su preocupación de que pueda estar encaminada al control de los medios de comunicación, por parte del gobierno.
La iniciativa se turnó a comisiones de radio televisión, comunicaciones y Estudios legislativos.