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Le fue impuesta una garantía de 52 mil pesos, que debe de liquidar en un plazo de cinco días, con la finalidad de que resulte efectiva la medida del juez para evitar su arresto

Frenan detención de Silvano Aureoles con suspensión provisional

El gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, celebra su triunfo en las elecciones de 2015.
Arranca gira por el país Silvano Aureoles Arranca gira por el país Silvano Aureoles (La Crónica de Hoy)

Un juez concedió una suspensión provisional al exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, con la finalidad de que el hombre no sea aprehendido por los múltiples delitos que se le señalan.

Mientras la autoridad judicial resuelve si la suspensión es definitiva, a Aureoles le fue impuesta una garantía de 52 mil pesos, que debe de liquidar en un plazo de cinco días, con la finalidad de que resulte efectiva la medida del juez para evitar su arresto.

Con la suspensión provisional, el exgobernador no podrá ser capturado, aún si se le impusiera la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Silvano Aureoles Conejo es señalado de por presuntos delitos de administración fraudulenta, peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, crímenes aparentemente realizados cuando estuvo al frente de la gubernatura de Michoacán. El exmandatario cuenta con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía General de la República (FGR) desde el pasado 1 de marzo.

Detención de excolaboradores

Aunque Aureoles no fue capturado, colaboradores cercanos a su administración fueron arrestados. Uno de ellos es Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas; Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas, y Elizabeth Villegas Pineda, exfuncionaria de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán. Además de José Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad.

La detención de Carlos Maldonado Mendoza ocurrió a las 9:48 horas del 1 de marzo en la puerta tres de la sala de llegadas internacionales de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), en la alcaldía Venustiano Carranza y posteriormente, fue trasladado al Ministerio Público de la FGRM ubicado en la avenida Primero de Mayo, en la colonia Tacubaya, Miguel Hidalgo.

Maldonado Mendoza es señalado por el delito de peculado, es decir, apropiación o desviación del destino de los recursos, que pertenecen al Estado.

En tanto que, Mario Delgado Murillo fue aprehendido a las 6:00 en un domicilio de la calle Rey Tariacuri, en la colonia Vista Bella del municipio de Morelia, Michoacán. El sujeto fue presentado a la FGR de esa entidad, en la colonia Lomas de Hidalgo.

De manera simultánea, la exfuncionaria de Seguridad, Elizabeth Villegas Pineda, fue detenida en un predio de la calle José María Morales Hermosillo, en la colonia Praderas de Morelia, en la entidad donde laboró junto a Aureoles.

Horas más tarde, de ese día, se reportó la aparente captura de José Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de seguridad durante el Gobierno de Aureoles. Este sujeto acompañó Silvano en distintos encargos, como jefe de policía en Zitácuaro, cuando fue alcalde.

Irregularidaddes durante la gestión de Aureoles

Durante la gestión de Silvano Aureoles (2015-2021), se detectaron diversas irregularidades financieras y administrativas. En noviembre de 2021, el gobierno de Michoacán denunció un presunto fraude de cinco mil 186 millones de pesos relacionado con la construcción, arrendamiento y compra de siete cuarteles policiales. Las edificaciones presentaban sobrecostos y materiales de baja calidad, además de contar con áreas privadas lujosas destinadas al exgobernador, equipadas con blindaje antibalas y acceso privado a helipuertos.

En octubre de 2021, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reveló que durante la administración de Aureoles se gastaron más de mil 227 millones de pesos en la renta de seis helicópteros y un avión. El contrato firmado con la empresa B3 Fly Services S.A. de C.V., presentaba irregularidades, como la reciente constitución de la empresa y cláusulas que limitaban las horas de vuelo mensuales, lo que generaba costos adicionales al erario público.

Después, en marzo de 2023, la Auditoría Superior de Michoacán detectó irregularidades por 70 millones de pesos en obras públicas descentralizadas realizadas en 2018. Las faltas estaban relacionadas con la ausencia de expedientes en tres obras que no cumplieron con los requisitos legales.

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