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La presidenta Claudia Sheinbaum, envió al Senado una iniciativa para una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que contempla modificaciones al marco regulatorio del sector entre ellas restricciones claras para evitar la injerencia extranjera en los medios de comunicación nacionales de señal abierta, restringida y hasta plataformas digitales, para eviyat campañas como la del gobierno de Estados Unidos para inhibir la migración de connacionales a su país.
De acuerdo con el artículo 210 de la nueva legislación, los concesionarios que presten servicios de radiodifusión, televisión o audio restringidos no podrán transmitir propaganda política, ideológica o comercial proveniente de gobiernos o entidades extranjeras.
La única excepción a esta norma será la promoción de contenidos con fines turísticos o culturales.
La ley también aplica a plataformas digitales cuyos contenidos estén disponibles en el territorio nacional.
Estas no podrán comercializar espacios publicitarios para la difusión de mensajes de gobiernos extranjeros que no tengan fines culturales o turísticos.
Asimismo, se prohíbe a los programadores y operadores de señales transmitir, directa o indirectamente, información de gobiernos extranjeros por medio de concesionarios de servicios de radiodifusión o televisión restringida, salvo si se trata de contenidos turísticos o culturales.
Con esta reforma, el gobierno federal busca blindar la soberanía informativa del país y evitar cualquier tipo de influencia externa en los asuntos internos a través de los medios de comunicación.
Antes de que se recibiera la iniciativa, la oposición expresó su preocupación de que pueda estar encaminada al control de los medios de comunicación, por parte del gobierno.
La inciativa que se turnó a las comunicaciones unidad de Comunicaciones, Radio y Televisión y Estudios Legislativos para dictaminación, también establece laextinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
De acuerdo con el texto, el nuevo organismo regulador será la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que asumirá todas las funciones, atribuciones, recursos y procedimientos en curso del IFT.
Entre los aspectos más destacados de la iniciativa se encuentra un nuevo esquema de sanciones económicas, que van del 0.01% al 0.75% de los ingresos de los sujetos regulados, incluso en casos de cláusulas abiertas o tipos administrativos no especificados.
El decreto establece que las concesiones y autorizaciones vigentes se respetarán, pero se contempla la transición de títulos habilitantes anteriores a 2014 al nuevo régimen legal.
Además, se suspenderán por 60 días hábiles varios trámites y procedimientos, sin afectar las obligaciones de los concesionarios y agentes regulados.
Asimismo, se incluyen causales para la revocación de concesiones, como el incumplimiento del Plan de Reemplazo de Recursos Orbitales.
La propuesta establece un plazo de 30 días naturales para su entrada en vigor, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
También, se garantiza la preservación de los derechos laborales de los trabajadores del IFT, quienes serán reubicados conforme a la normatividad aplicable.
Asimismo se instruye a la Agencia a emitir en un plazo de 180 días, un plan de licitación de bandas de frecuencia para promover un desarrollo eficiente del sector.
Esta reforma forma parte de los cambios estructurales impulsados por la administración actual en el marco de la simplificación orgánica del Estado mexicano.