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El Comité de Trabajadores Migrantes de la ONU manifestó este jueves su preocupación por la falta de claridad y transparencia en los posibles acuerdos migratorios entre México y Estados Unidos, al advertir que podrían representar una externalización del control fronterizo por parte del gobierno estadounidense.
En un informe reciente, el comité analiza el cumplimiento de México con la Convención Internacional sobre los Trabajadores Migratorios, y cuestiona que, mediante esos acuerdos —formales o informales—, el país podría estar delegando sus obligaciones internacionales relacionadas con el asilo y la protección de derechos humanos a terceros actores.
El documento llama la atención sobre la práctica de devoluciones sistemáticas hacia territorio mexicano de personas originarias de otros países. Además, advierte sobre reportes de expulsiones aéreas desde Estados Unidos hacia Chiapas, toleradas por las autoridades mexicanas, sin que las personas expulsadas reciban información ni apoyo adecuado, lo que las expone a situaciones de violencia, trata y explotación.
El comité subraya que estas prácticas podrían haberse agravado desde inicios de este año, con el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, por lo que solicita al gobierno mexicano que aclare la naturaleza y contenido de cualquier tipo de convenio migratorio con ese país.
También se expresa inquietud por la militarización de la política migratoria en México, particularmente por la participación de la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina en tareas de control de personas migrantes. A esto se suma la preocupación por la subcontratación de funciones de custodia a empresas privadas de seguridad, sin que existan garantías suficientes de respeto a los derechos humanos.
El comité, integrado por 14 expertos y presidido por la senegalesa Fatima Diallo, también reprocha al Estado mexicano la falta de avances en las investigaciones sobre casos graves de violencia contra migrantes. Se mencionan específicamente las masacres registradas en Tamaulipas, Nuevo León y Guanajuato entre 2010 y 2012, así como el asesinato de la salvadoreña Victoria Salazar, ocurrido en 2023.
Además, el informe alerta sobre el hallazgo reciente de fosas clandestinas y hornos crematorios en Jalisco y Tamaulipas, lo que, en opinión del comité, agrava el panorama actual de derechos humanos para las personas migrantes en el país.
Estas observaciones forman parte del cuarto examen periódico de México, llevado a cabo los días 7 y 8 de abril. Las conclusiones finales fueron adoptadas el 17 del mismo mes y difundidas este jueves en el portal oficial del comité de la ONU.
(Con información de EFE)