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Mientras en el país se refuerza el discurso sobre la importancia de combatir la inseguridad, un nuevo estudio de la organización México Evalúa pone sobre la mesa una verdad incómoda: las policías municipales, pieza clave en el sistema de seguridad pública, operan bajo condiciones laborales sumamente precarias que limitan su capacidad de proteger a la ciudadanía.
El informe titulado “Policía desprotegida: Ruta para su dignificación laboral” revela que más de la mitad de los policías municipales en México no cuenta con acceso pleno a prestaciones básicas de ley como aguinaldo, vacaciones o seguridad social. De hecho, solo entre 19% y 52.5% de los elementos tiene acceso a un régimen formal de seguridad social, y apenas 7.6% puede aspirar a un crédito de vivienda.
En contraste con la magnitud del problema, la respuesta institucional ha sido limitada. A pesar de que la Constitución y diversas leyes federales establecen derechos laborales para los policías, no existe una ruta clara ni mecanismos de financiamiento definidos para garantizar su cumplimiento. “Las políticas públicas sin fuentes de financiamiento sólo son buenos deseos”, advierte el documento.
La situación es crítica. De acuerdo con datos del Censo Nacional de Gobiernos Municipales (Inegi, 2023), México cuenta actualmente con 173,407 policías municipales, apenas 1.4 por cada mil habitantes, por debajo del estándar mínimo de 1.8 recomendado por el propio gobierno federal. La falta de incentivos laborales y la alta rotación —16 mil policías abandonaron su cargo entre 2020 y 2022— agravan aún más el panorama.
“Sin condiciones suficientes de desarrollo, no hay incentivos para que la policía se comprometa a largo plazo”, sostiene el estudio, que también subraya que muchos policías trabajan sin seguro de vida, sin acceso a servicios psicológicos, sin prestaciones familiares y con jornadas extenuantes. En algunos casos extremos, se documentó que 2.2% de los policías laboraba sin recibir salario alguno.
Ante esta realidad, México Evalúa propone un Estándar de Condiciones Laborales que establece los derechos mínimos que deben garantizarse a los policías, así como una Ruta para la Dignificación Laboral, que incluye un diagnóstico local, cálculo del número ideal de policías, estimación de costos y fuentes de financiamiento sostenibles.
Una de las propuestas más concretas es el rediseño del Fondo de Fortalecimiento para las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), que debería destinar al menos 10% de sus recursos a mejorar las condiciones laborales de los elementos municipales, priorizando municipios con mayor rezago.
Además, se presentan dos casos prácticos: Monterrey y Ensenada, donde la Ruta ya comenzó a implementarse. Aunque aún están lejos de cumplir con el estándar ideal, estas experiencias muestran que es posible avanzar mediante esfuerzos conjuntos entre autoridades locales y sociedad civil.
“la evidencia muestra que la voluntad política, principalmente de los alcaldes, es una de las claves para la implementación de políticas policiales exitosas”, concluye el estudio. Y en un país donde la violencia y la inseguridad se han vuelto parte del día a día, fortalecer a quienes enfrentan estos retos desde el primer frente debería ser una prioridad nacional.