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La violencia contra personas defensoras del medio ambiente en México se mantiene como un problema grave. Durante 2024, se documentaron 94 eventos de agresión, 236 agresiones específicas y 25 agresiones letales, según datos presentados en el 11 Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos ambientales en México, elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
En este contexto, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) anunció que dará prioridad a la atención de las denuncias hechas por comunidades y personas defensoras, buscando ofrecer respuestas más rápidas y acciones preventivas para disminuir los riesgos.
Durante la presentación del informe, la titular de la Profepa, Mariana Boy Tamborrell, señaló que nadie debería ponerse en peligro por proteger el territorio o los ecosistemas. Reconoció que defender los derechos ambientales en el país puede implicar riesgos mortales, y que corresponde a las autoridades asumir su responsabilidad para prevenir y atender las violaciones a los derechos humanos.
Boy Tamborrell indicó que la Profepa está enfocándose en trabajar de manera más cercana con las comunidades, a fin de que sus demandas encuentren una respuesta oportuna. Entre las acciones que impulsa la dependencia destaca la implementación de medidas de atención temprana para conflictos ambientales y la búsqueda de mecanismos de reparación que restablezcan las condiciones de los ecosistemas afectados, más allá de sanciones económicas.
La procuradora también mencionó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto con los Comités de Vigilancia Ambiental Participativa, organizaciones comunitarias que actúan como enlaces locales para detectar daños ambientales. Según expuso, estos comités son “los ojos de la Profepa en el territorio”, y actualmente se busca capacitarlos y reforzar su participación.
Otra de las líneas de acción planteadas es la colaboración con el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras, con el objetivo de brindar mayor seguridad a quienes enfrentan amenazas por su labor en defensa del medio ambiente.
Boy Tamborrell subrayó que estos esfuerzos forman parte de los compromisos adquiridos por México en el marco del Acuerdo de Escazú, un instrumento internacional que busca garantizar la protección de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales.
En la presentación del informe también participaron representantes de comunidades afectadas, como Wilberth Alfonso Nahuat Puc, de la comunidad maya de Santa María Chi, Yucatán, y Juana Inés Ramírez Villegas, indígena mixe de Guichicovi, Oaxaca, así como integrantes de organizaciones internacionales como Global Witness.