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En la Cámara de Diputados se llevó a cabo un foro para analizar el impacto de las armas en niñas, niños y adolescentes, un problema que, de acuerdo con legisladores y especialistas, exige acciones urgentes más allá de la legislación.
“Los menores merecen crecer en entornos seguros, libres de armas, rodeados de cultura, educación y deporte”, afirmó la diputada María Rosete Sánchez, de Morena, durante la inauguración del encuentro, quien además advirtió que la infancia no puede seguir siendo rehén de las balas, y atribuyó la violencia e inseguridad actuales a décadas de abandono y políticas neoliberales que profundizaron las desigualdades y rompieron el tejido social.
Además, urgió a frenar el tráfico ilegal de armas que “envenena el presente y futuro de las juventudes”, y llamó a una acción coordinada con voluntad política.
La abogada y experta en derechos humanos Leticia Bonifaz, moderadora del primer panel, señaló que la interrelación entre leyes será clave para entender la magnitud del problema y hallar soluciones efectivas.
“No basta con atenderlo de manera aislada”, expresó.
Por su parte, Lorena Villavicencio, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), agradeció la apertura del espacio de diálogo interinstitucional y reiteró el compromiso con el desarme voluntario como medida de prevención primaria.
“Decir sí al desarme es decir sí a la vida, sí al juego, sí al desarrollo integral de nuestras infancias y adolescencias”, aseguró.
Desde Unicef, Juan Pablo Rodríguez resaltó la importancia de enfocarse en las causas de la violencia armada para construir entornos de paz y evitar tragedias como el reclutamiento forzado, desapariciones y homicidios. Además, enfatizó que reconocer a niñas, niños y adolescentes como víctimas es fundamental para no omitir la responsabilidad de protegerles.
En representación de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), Tania Ramírez reveló que entre enero y marzo de 2025 se registraron 168 homicidios de menores de edad con arma de fuego en el país, y urgió a construir políticas públicas con enfoque de derechos humanos, género y niñez para garantizar una vida libre de violencia.
En el análisis sobre el tráfico de armas, Dulce Alicia Torres, investigadora del Colegio de México, informó que entre el 65 y 68 por ciento de las armas aseguradas en México y rastreadas provienen de Estados Unidos, una cifra constante en los últimos seis años.
Finalmente, Julia Flores, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, advirtió que aunque en la sociedad mexicana persiste una percepción de inseguridad, su impacto es desigual, afectando en mayor medida a mujeres y adolescentes. También alertó que menores testigos de violencia corren un mayor riesgo de replicarla en sus relaciones futuras.