BúsquedaEl pleno de la Cámara de Diputados aprobó este lunes la creación de la ‘Llave MX’, iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum en la que impulsa homologar en todo el país la simplificación de trámites burocráticos, como ya ocurre en la CDMX, pero en esta propuesta resalta la creación de una plataforma digital centralizada para gestionar procesos administrativos, cuya finalidad es tener una identidad digital única asociada a la CURP del titular.
El dictamen de la iniciativa recibió 330 votos a favor y establece que la función de esta identidad es para acceder a la gestión de trámite en línea.
Y establece también que cuando la CURP tenga asociados los datos biométricos del titular, tendrá el carácter de documento nacional de identificación, y por lo tanto será considerada como oficial.
Se explica que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones es la Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización, dentro de la L y es la responsable a nivel nacional y en el ámbito federal, de ‘implementar’, supervisar y vigilar la aplicación de la presente ley.
La Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización tendrá las siguientes atribuciones en el ámbito nacional:
I. Implementar, supervisar y evaluar en coordinación con las Autoridades Locales:
a. El Modelo Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos;
b. El Modelo Nacional para la Digitalización;
c. El Modelo Nacional de Homologación de Trámites y Servicios, Compartición
de Soluciones Tecnológicas y Desarrollo de Capacidades Públicas, y d. El Modelo Nacional de Atención Ciudadana.
Fija el plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente para que las entidades federativas y municipios establezcan sus respectivas Autoridades de Simplificación y Digitalización. En tanto no se establezcan estas autoridades, continuarán en funcionamiento las Autoridades de Mejora Regulatoria, conforme a sus leyes locales y normativa aplicable.
Una vez que entren en funcionamiento las nuevas autoridades de simplificación, éstas se regirán por la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos contenida en el presente decreto.
La diputada morenista Claudia Rivera Vivanco, secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, reafirmó su compromiso con el pueblo de México al respaldar el dictamen que da vida a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos y Corrupción, una herramienta transformadora que responde a una demanda ciudadana histórica: acabar con el laberinto de la burocracia y con los actos de corrupción que ésta ha permitido.
La legisladora por Puebla cuestionó la resistencia de la oposición: “¿Por qué carambas deberíamos demorar el combate a la corrupción?”, lanzó, señalando que quienes hoy se oponen son los mismos que se beneficiaron durante años de los moches y de la ineficiencia institucional.
“Esta nueva ley no sólo simplifica procesos: transforma el modelo de gobierno. Se propone eliminar 50 por ciento de trámites, estandarizar requisitos, y digitalizar el 80 por ciento de los procesos a través de la Ventanilla Digital Nacional y el Sistema Nacional de Atención Ciudadana, explicó Vivanco.
En lo particular, Morena aceptó la reserva de Alfonso Ramírez Cuéllar que establece: En el caso de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal, estas recomendaciones serán de carácter vinculante.
Además, agrega que, a las recomendaciones de las Autoridades de Simplificación y Digitalización para los Sujetos Obligados, se deberán incorporar a su Agenda en un plazo no mayor a diez días hábiles. En el caso de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal o local, según corresponda, estas recomendaciones serán de carácter vinculante.
Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista, presentó la reversa, pero antes explicó: “Comparto la reserva que presenté hoy en la discusión de la Ley para Eliminar Trámites Burocráticos. Recordemos: una ley federal regula materias exclusivas de la Federación; una ley nacional armoniza a todos los órdenes de gobierno, y una ley general establece bases comunes.
Para las entidades federativas y los municipios deben ser orientadoras, no imposiciones de ningún tipo de disfraz”.
Indicó que él podría argumentar más a fondo porque lo que escuchó, de algunos que sí leyeron el dictamen, pero otros sólo descalificaron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. “En esas no me meto, porque finalmente son posiciones partidistas que respeto y que tienen el derecho a expresarlas”, dijo.
Dejó muy en claro que la propuesta preserva el equilibrio de nuestro federalismo, protege la certeza jurídica de los ciudadanos y garantiza que las atribuciones de la nueva Autoridad Nacional de Simplificación y Digitalización se ejerzan en el marco de la Constitución respetando las competencias de los estados y los municipios.
“No estamos en contra de las recomendaciones para mejorar trámites, al contrario, la respaldamos. Pero proponemos que las recomendaciones que emita esta autoridad nacional sean obligatorias únicamente para la Administración Pública Federal. Para las entidades federativas y los municipios deben ser orientadoras, no imposiciones de ningún tipo de disfraz”, expresó.
“Pero hay otros que sí me interesó mucho su argumentación y por eso es que planteo de manera seria estas modificaciones a los siete artículos, presidente, que le pediría que la secretaría pueda leer.
“La verdad, señores diputados y diputadas, dijo, esta ley es un instrumento jurídico extraordinario, extraordinario que va a ayudar y aliviar toda la enorme burocracia que se creó en gobiernos neoliberales y que todo recaía en mayor corrupción y profundización de prácticas ilegales”.
En lo particular, el pleno avaló con 332 votos a favor, 130 en contra y cero abstenciones, en lo general y en lo particular con modificaciones, el dictamen por el que se expide la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos. Se aprobó la reserva presentada por la diputada de Morena Katia Alejandra Castillo Lozano y la propuesta, autoría del también morenista Alfonso Ramírez Cuéllar, que subió a tribuna el legislador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política.
Las reservas establecen que no se quita autonomía a las entidades federativas, lo que habría ocasionado un alud de controversias constitucionales.
Castillo Lozano dejó claro que en esta nueva ley, no se impone un modelo único ni se vulnera el pacto federal. Sino que se crea una base común que garantiza derechos en condiciones de mayor igualdad.
“Pese que aún existen desigualdades en estructura, la digitalización en los términos de esta ley prioriza la atención incluyente para comunidades rurales, indígenas y afromexicanas. “No es una política de exclusión, sino una política de justicia social que busca cerrar brechas históricas”.