BúsquedaPor unanimidad de votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (la Corte) determinó cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por constituir ‘cosa juzgada el caso de 11 mujeres de Atenco víctimas de agresión sexual. Antes, se pronunció, se deben concluir las investigaciones pendientes en el ámbito local y federal.
Durante el análisis, el pleno de ministros se avocó al estudio de la forma en que el Poder Judicial de la Federación debe participar en la ejecución de la sentencia condenatoria internacional referida, pues prevé diversas obligaciones como es la relativa a “juzgar” a todos los responsables de la violencia y tortura sexual sufrida por las víctimas.
Se destacó que la CIDH tuvo por verificado que los abusos cometidos contra las mujeres se dieron en el contexto de operativos policiales, en los que agentes del Estado ejercieron violencia sexual contra ellas durante su detención. Las once víctimas fueron golpeadas, insultadas, maltratadas y sometidas a diversas formas de violencia sexual.
El pleno señaló que, entre otras medidas de reparación dictadas por la CIHD en favor de las víctimas, a la fecha, se encuentra pendiente lo relativo a la investigación y sanción a todos los responsables de la violencia y tortura sexual infligida. La Corte aclaró que la obligación a su cargo de juzgar, está supeditada al resultado de las referidas investigaciones.
Expediente sobre recepción de sentencias de tribunales internacionales 2/2023, solicitada por el representante común de las víctimas reconocidas en la investigación y su respectivo Dictamen, sobre las graves violaciones sobre derechos humanos en el caso Texcoco-Atenco. Resuelto en sesión de Pleno, el 28 de abril de 2025.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf destacó que es la primera vez que esta Suprema Corte de Justicia se pronunciaba sobre el expediente relativo a la recepción de sentencias de Tribunales Internacionales.
Indicó que ante las recientes reformas en materia de supremacía constitucional y “las importantes discusiones sobre el papel que debe jugar esta Corte, nos exigen delimitar, antes de resolver, qué es este mecanismo, cuál es su naturaleza y, hasta dónde puede llegar, considerando que no tiene fundamento expreso en la Constitución”.
Dijo que esta Suprema Corte debe actuar siempre dentro de los límites que la Constitución les marca.
“Por eso, aunque sí considero que podemos conocer de este expediente, debemos cuidar el alcance de nuestra resolución sea compatible con el resto del orden constitucional. No se trata de usar este mecanismo para ampliar nuestras facultades más allá de lo que la Constitución nos autoriza”. Sin embargo, la ministra votó a favor.
En tanto, Lenia Batres, también apoyó el proyecto.
“La resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es acorde con nuestra Constitución y constituye por sí misma un acto de justicia y desagravio para las víctimas de los gobiernos autoritarios que se caracterizaron por el despliegue de estrategias represivas para controlar la disidencia social, como quedó evidenciado en el “caso de San Salvador Atenco”, con un uso desproporcionado de la fuerza, detenciones arbitrarias y actos de tortura sexual contra las mujeres detenidas, un patrón de autoritarismo y represión que privilegiaba la fuerza por encima del diálogo y los derechos fundamentales, la impunidad de los responsables de Atenco, como de tantos otros casos ha sido una herida abierta para el pueblo mexicano; sancionar estos hechos es indispensable para garantizar que nunca más la represión pueda ser considerada como una respuesta legítima frente a la protesta social", expuso.