BúsquedaEl sistema de salud mexicano enfrenta una paradoja constante entre lo legal y lo económico. Por un lado, la Constitución garantiza el derecho a la salud para todos los ciudadanos. Por otro, millones de personas deben cubrir de su propio bolsillo los costos de atención médica, lo que profundiza la desigualdad, la pobreza y la vulnerabilidad financiera. El problema de fondo radica en un financiamiento insuficiente, inequitativo y mal estructurado, que ha hecho del gasto privado uno de los principales pilares que sostienen el sistema, con graves consecuencias en el acceso efectivo a la atención, la eficiencia institucional y el bienestar de la población.
El gasto de bolsillo puede convertirse en gasto catastrófico por motivos salud, el cual se define como aquel que representa el 30 por ciento o más del ingreso disponible del hogar, una vez descontado el gasto en alimentos.
¿Cómo se puede observar que hay un problema de financiamiento?
En México se ha destinado históricamente una proporción reducida de su Producto Interno Bruto (PIB) a este rubro. Durante años, el gasto total en salud (público y privado) ha rondado el 6 por ciento del PIB, muy por debajo del promedio de los países de la OCDE (alrededor del 9 por ciento) y lejos de los sistemas con fuerte protección social, como los escandinavos o algunos europeos occidentales, que superan el 10 por ciento. En la siguiente gráfica se muestran algunos países de la OCDE y el porcentaje de recursos que destinan a salud.
Se puede observar que países como Brasil, Colombia y Perú, que tienen un ingreso per cápita inferior al de México, destinan un mayor porcentaje de sus recursos a este rubro que México (ver primera gráfica).
Más preocupante aún es que el gasto público per cápita resulta particularmente bajo para un país de ingreso medio como México. En 2022, por ejemplo, el gobierno mexicano destinó alrededor de 1,181 dólares por persona al año, mientras que en Estados Unidos esta cifra superaba los 12,400 dólares. Esta brecha refleja una subinversión persistente que se traduce en falta de personal médico, escasez de medicamentos, infraestructura deteriorada y tiempos de espera prolongados. En gasto per cápita México solo tiene un gasto mayor que países como Turquía o la India (ver segunda gráfica).
Ante la insuficiencia de recursos públicos, los hogares mexicanos han tenido que asumir una parte considerable del costo de la atención médica, lo que genera un peso desproporcionado del gasto de bolsillo. El gasto privado representa cerca del 45 por ciento del gasto total en salud, cifra alta según estándares internacionales. De ese monto, alrededor del 90 por ciento proviene directamente de los bolsillos de las familias. En términos relativos, el gasto de bolsillo en México representa el 42.1 por ciento del gasto corriente total en salud, más del doble del 20 por ciento recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Además, entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población que incurrió en gastos catastróficos se duplicó, pasando de 2.4 por ciento a 4.4 por ciento.
Este tipo de financiamiento es regresivo, ya que afecta de manera desproporcionada a los hogares con menores ingresos. El gasto de bolsillo no considera la capacidad de pago: una familia pobre puede verse obligada a endeudarse o vender bienes para atender una enfermedad grave, mientras que una familia con mayores recursos no enfrenta este dilema. Así, el sistema de salud no solo reproduce, sino que en muchos casos profundiza la desigualdad social.
En 2022, aproximadamente el 7 por ciento de los hogares mexicanos incurrieron en este tipo de gasto, y entre los hogares más pobres la proporción fue aún mayor (hasta 16 por ciento en el decil más bajo). Este tipo de desembolso obliga a muchas familias a reducir otros consumos esenciales, caer en la pobreza o profundizar su exclusión social.
Existe también el gasto empobrecedor, que ocurre cuando un hogar cruza por debajo de la línea de pobreza tras cubrir los costos de atención médica. Ambos indicadores reflejan cómo la salud se ha convertido en un factor de vulnerabilidad económica para millones de mexicanos, en lugar de constituir un derecho garantizado por el Estado.
La política pública para la salud: del Seguro Popular al IMSS-Bienestar
En el intento de cerrar esta brecha, en 2003 se creó el Seguro Popular, con el propósito de extender la cobertura a quienes estaban fuera del sistema de seguridad social. Este programa buscaba reducir el gasto de bolsillo, brindar protección financiera y ampliar el acceso. Aunque logró afiliar a más de 50 millones de personas, no se acompañó de una expansión proporcional de la oferta de servicios: no se contrataron suficientes médicos, no se mejoró la infraestructura y el suministro de medicamentos fue limitado. Por ello, muchos afiliados al Seguro Popular seguían reportando que no estaban asegurados, ya que la cobertura legal no garantizaba el acceso efectivo.
En 2020 se implementó el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), un modelo que eliminó las cuotas de afiliación y no estableció un paquete definido de servicios, ni reglas claras de operación ni padrones nominales de beneficiarios.
Esta falta de estructura generó incertidumbre, desorganización y resistencias, sobre todo a nivel estatal. En un intento por corregir estas deficiencias, en 2023 se lanzó el modelo IMSS-Bienestar, enfocado en ofrecer atención médica integral a la población sin seguridad social, especialmente en zonas rurales y marginadas. A diferencia del INSABI, este esquema retoma la experiencia institucional del IMSS, con enfoque territorial, atención de primer y segundo nivel, y despliegue de brigadas comunitarias. No obstante, su efectividad dependerá de una adecuada coordinación intergubernamental y de una inversión pública sostenida. Sus resultados aún están por verse.
Para reflexionar: calidad de los servicios y privatización silenciosa
La percepción de mala calidad en los servicios públicos -sumada a la burocracia, la escasez de medicamentos y el trato poco humano- lleva a muchas personas a buscar atención en el sector privado, incluso si cuentan con alguna forma de cobertura pública.
Esta tendencia también se refleja en el auge de los consultorios adyacentes a farmacias, donde la atención médica se ha privatizado parcialmente. En este contexto, mejorar la percepción y calidad de los servicios públicos es tan importante como ampliar la cobertura, ya que de ello depende que las familias confíen en el sistema y reduzcan su gasto directo.
El sistema de salud mexicano enfrenta una crisis de financiamiento que no hace más que evidenciar sus problemas estructurales.
A pesar de los esfuerzos por ampliar la cobertura, el gasto privado -y en particular el gasto de bolsillo de las familias- sigue siendo el componente central del sistema, lo que refuerza la inequidad y expone a millones de personas al riesgo financiero.
Resolver esta situación requiere un cambio estructural: mayor inversión pública, fortalecimiento de la oferta de servicios, implementación de esquemas solidarios de financiamiento, y una mejora sustantiva en la calidad percibida de la atención. Debe ser un objetivo que la salud deje de ser un lujo o una amenaza económica y pueda convertirse en un derecho universal garantizado.
Académicos e investigadores de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México analizarán temas económicos y sociales para los lectores de Crónica cada 15 días. La autora del presente texto es Profesora-investigadora del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, CDMX. Contacto para comentarios sobre esta serie de artículos: pablo.cotler@ibero.mx