BúsquedaEl Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (CMW, por sus siglas en inglés), emitió una serie de recomendaciones en las que expresó su preocupación por aspectos críticos de la política y la legislación migratoria actual. Entre los puntos destacan la detención de migrantes, procesos de regularización, protección de la niñez y adolescencia, acceso a educación y a la salud, registro de nacimiento e identidad, no discriminación, empleo digno, el creciente uso de las Fuerzas Armadas en tareas migratorias, realización de operativos migratorios por actores sin facultades legales, falta de investigación de delitos y violaciones graves a derechos cometidas contra migrantes, e impunidad en casos de masacres y desapariciones de esta población vulnerable.
El Comité lamentó la falta de medidas necesarias para proteger a los migrantes en sus contextos de movilidad, por lo que reiteró su preocupación por el aumento de la militarización de la política migratoria y el uso de operativos de revisión y verificación migratoria, con base en prejuicios raciales y xenófobos en lugares destinados al tránsito internacional (y en los cuales algunas veces no se tiene la facultad), lo cual se considera desacato a lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (según destaca el Amparo en Revisión 275/2019), en donde se declaran inconstitucionales las revisiones migratorias por basarse en perfiles étnico-raciales.
En el mismo tenor, el organismo reiteró su preocupación por el uso continuo de la detención migratoria como regla y no como excepción, así como la importancia de medidas que aseguren una verdadera protección para los sectores con alta participación laboral y empleo informal, eliminando los obstáculos administrativos y costos excesivos, barreras que evitan el desarrollo de una vida digna y acceso a información de derechos laborales de las personas en contexto de movilidad.
Finalmente, el Comité para la Protección de los Migrantes solicitó al Estado Mexicano presentar, a más tardar el 1 de mayo de 2027, información por escrito sobre la aplicación de las recomendaciones relativas a la gestión de fronteras y protección de las personas migrantes, entre otros temas relativos.
Las organizaciones de la sociedad civil hacen un llamado al Gobierno Federal para cumplir con sus obligaciones, implementando como guía las recomendaciones del Comité.
Más allá de este llamado se reconoce que para lograr acciones concretas y sostenibles en materia de política pública, es indispensable la participación de todas las instancias gubernamentales, la sociedad civil, agencias de Naciones Unidas y las personas en contextos de movilidad en conjunto.