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Luego de que 23 entidades le dieron “luz verde”, el pleno de la Comisión Permanente, realizó la declaratoria de constitucionalidad de la Ley “3 de 3” que suspende los derechos para ocupar cargo de elección popular, empleo o comisión del servicio público a deudores alimentarios y/o violentadores.
Es decir, todos aquellos varones que se encuentren en este supuesto y no cumplan con la 3 de 3, no podrán ser candidatos a ningún cargo ni tampoco servidores públicos.
Las legislaturas locales de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, México, Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México dieron su voto aprobatoria para darle aval a esta reforma que busca combatir la violencia contra las mujeres.
El presidente de la Comisión Permanente, el senador de Morena, Alejandro Armenta, hizo la declaratoria de constitucionalidad. Acto seguido se remitió al Diario Oficial de la Federación para su publicación.
La diputada y secretaria general del PRI, Carolina Viggiano aplaudió esta reforma pero lamentó que gobernadores como el de Veracruz, Cuitláhuac García, ejerzan violencia política y de género contra la presidenta de la Corte, Norma Piña, a quien le llevó un ataúd durante una manifestación que encabezó a las afueras de la SCJN el pasado sábado donde le llovieron insultos a la titular del Poder Judicial.
“Es inconcebible la violencia política y de género, y habiendo muchas feministas en el oficialismo, no he visto que digan algo al respecto”, acusó
Esta reforma propone que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspendan por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales y el normal desarrollo psicosexual.
También, establece que la persona que cometa estos ilícitos no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, ni ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Refiere, también que para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere ser ciudadana mexicana por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, tener cuando menos 35 años cumplidos al día de la designación.
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