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Con pagos a trabajadores fallecidos, registrados en dos cargos de manera simultánea, pagos destinados a atención médica sin acreditar y otras irregularidades, el 77% de las 35 universidades públicas estatales muestran irregularidades en el uso de recursos públicos lo que afecta la calidad de la educación que reciben 1.7 millones de estudiantes del nivel superior en las entidades federativas de país.
Las Universidades Autónomas de Coahuila, Nayarit y Nuevo León concentran los montos irregulares más altos que aún están pendientes por aclarar de estas fallas en el uso de los recursos públicos federales.
La de Nayarit no presentó la documentación necesaria para acreditar pagos destinados a la atención médica del personal universitario, por lo que la ASF determinó un posible daño al erario por 1,4 millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) examinó el gasto federalizado de las 35 universidades públicas estatales en la segunda fase de las auditorías correspondientes a la Cuenta Pública 2022.
En este análisis, la ASF identificó deficiencias e irregularidades en 27 de las 35 universidades públicas estatales (UPES) cuyo monto suma un total de mil 700 millones de pesos. Hasta el momento, 92% de este monto aún tiene aclaraciones pendientes.
En las universidades de Nuevo León, Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Autónoma de Sinaloa, se realizaron pagos a trabajadores fallecidos, alrededor de 280 casos en las tres instituciones. Además, 25 trabajadores en la Universidad de Sinaloa excedieron los sueldos autorizados.
Por su parte, la Universidad de Coahuila realizó pagos totales por 368 millones de pesos a 2 mil 130 personas que estaban registradas en dos cargos simultáneamente. Además, se sospecha un posible perjuicio a Hacienda por un monto de 16 millones de pesos, al remunerar a 39 empleados que no contaban con el título ni la cédula profesional necesarios. Un esquema parecido se replicó en la Universidad Autónoma de Chiapas en donde se realizaron pagos a 3 trabajadores que no acreditaban el perfil académico requerido.
Las deficiencias en la gestión de los recursos públicos tienen repercusiones directas en el rendimiento de 85 mil docentes y la calidad educativa que estas instituciones pueden ofrecer a más de 1,7 millones de estudiantes matriculados.
Por ello, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) analizó los resultados de la ASF para identificar las malas prácticas y el impacto que tienen en la calidad de la educación superior que las UPES ofrecen.
Las UPES atienden a más de 1.7 millones de estudiantes que se benefician de la formación de 80 mil maestros y maestras. La responsabilidad de estas instituciones en la formación de talento no solo es clave para la competitividad del país, sino también en el éxito y desarrollo individual de los jóvenes. Las 35 universidades públicas estatales enfrentan múltiples desafíos en materia administrativa y educativa. Una gestión eficiente de los recursos puede ser clave para superarlos.
La Universidad Autónoma de Nuevo León no presentó los comprobantes fiscales de los pagos a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), correspondientes a Participaciones Federales. Asimismo, la institución no cumplió con la entrega de la documentación relacionada con la adquisición de medicamentos, valorados en 85 millones de pesos, de acuerdo con los plazos y condiciones contractuales establecidos.
A su vez la Universidad del Carmen en Campeche no reintegró oportunamente a la Tesorería de la Federación (Tesofe) 18.7 millones de pesos no comprometidos provenientes del Subsidio Federal para Organismos Descentralizados Estatales. Además, la ASF identificó un posible daño al erario por pagos no autorizados en el capítulo 7,000, lo que constituye un incumplimiento al Convenio de Colaboración entre la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Gobierno del Estado de Campeche y la Universidad
Por su parte, la Universidad Autónoma de Chihuahua efectuó pagos improcedentes por un total de 26 millones de pesos a 393 trabajadores que no forman parte de la plantilla autorizada por el máximo órgano de gobierno.
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