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El Congreso de Aguascalientes, en el centro de México, aprobó este miércoles una reforma para reducir de 12 a seis semanas el límite de gestación para el aborto voluntario. La medida fue aprobada con 19 votos a favor y seis en contra, impulsada por la mayoría del Partido Acción Nacional (PAN), de orientación derechista, a pesar de un fallo previo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la prohibición del aborto en la entidad.
La nueva legislación también establece penas de tres a seis meses de cárcel, además de sanciones económicas, para quienes aborten después de la sexta semana de gestación. Asimismo, obliga a que al menos dos trabajadores de la salud verifiquen si un "aborto espontáneo" fue realmente involuntario, lo cual agrega un nuevo obstáculo para quienes busquen acceder a este derecho.
La reforma incluye la eliminación del término "personas gestantes", utilizado por la SCJN para referirse a todas las personas con capacidad de gestar, y se impone el uso exclusivo de términos más restrictivos, con el argumento de “clarificar” las leyes del estado. Esto, pese a que el 30 de agosto de 2023, la Suprema Corte había declarado inconstitucional la prohibición del aborto en Aguascalientes.
Diversas organizaciones feministas como Marea Verde, Abortistas, México Igualitario y Mexicanas en Acción Positiva emitieron un pronunciamiento conjunto en el que advirtieron que la reforma aprobada por el Congreso de Aguascalientes representa un "retroceso sin precedentes" en la protección del derecho al aborto.
Señalaron que esta medida pone en riesgo la salud y la autonomía de niñas, adolescentes, mujeres, hombres trans, personas no binarias y otros grupos afectados.
En su posicionamiento, estas organizaciones denunciaron que la reforma podría inspirar a otros estados del país a replicar este modelo restrictivo, a pesar de los fallos favorables de la SCJN. "La iniciativa viola el principio de progresividad y no regresión de los derechos humanos, así como el derecho a la igualdad, la no discriminación y la salud", expresaron en su comunicado.
Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en septiembre de 2021 que prohibir totalmente el aborto es inconstitucional, y en septiembre de 2023 invalidó el delito de aborto en el Código Penal Federal, la interrupción del embarazo sigue dependiendo mayormente de los códigos penales de cada entidad federativa.
La decisión del Congreso de Aguascalientes refleja la tensión entre el poder local y las determinaciones del máximo tribunal del país, generando incertidumbre sobre el futuro del derecho al aborto en México.
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