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La Secretaria de Gobernación activó una mesa de diálogo con miembros del ejido El Bajío del municipio de Caborca, Sonora para tratar de resolver el conflicto entre el ejido y la minera Penmont a quien acusan de intentar despojarlos de sus tierras donde encuentra la mina de oro y plata que está es explotada de manera ilegal.
Los ejidatarios pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para lograr cumplir la sentencia del Tribunal Unitario Agrario 28 con sede en Hermosillo Sonora que condenó a la Minera Penmont a la inmediata desocupación y entrega de las tierras de uso común a sus únicos titulares.
Tras reunirse con senadores, expusieron que la resolución al expediente agrario 188/2009 señala que toda utilidad o producto que se obtuvo por conservación, explotación, ocupación temporal o expropiación de las tierras ejidales como los costos correspondientes deberán aplicarse a los mismos ejidatarios, como “únicos titulares de los derechos ejidales” como Carmen Cruz Pérez, Abel Cruz López, Jacinto Cruz Pérez, Abel Cruz Pérez y José Concepción Cruz Pérez.
De igual manera expresaron su preocupación por incremento de actos de intimidación, hostilidad y calumnias a raíz de haber solicitado ayuda al Senado para resolver conflicto en las tierras donde se explotó de manera ilegal una mina de oro por parte de la minera Penmont.
“Buscan despojarnos de nuestros derechos”, acusan
El representante de los ejidatarios señaló que el senador de Morena, José Narro Céspedes los ha ayudado en vincularlos con la Secretaría de Gobernación, donde ya existe una mesa de diálogo para lograr resolver el tema, por lo que confirmaron la intermediación de su titular.
En ese sentido, el senador de Morena informó que su función en este tema ha sido la de facilitar la vinculación entre los ejidatarios con las autoridades correspondientes, entre ellas la Secretaría de Gobernación y el Tribunal Superior Agrario.
En entrevista la familia Cruz denunció que existe una campaña para denostarlos y exponerlos como ajenos a la propiedad de los terrenos ejidales.
“Lo único que volvemos a pedir al Senado, a la Secretaría de Gobernación y al Presidente de la República es que la justicia llegue a nuestro ejido”, indicaron
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