Activistas alertan sobre el impacto ambiental de la reforma energética

La reciente reforma energética aprobada en la Cámara de Diputados ha suscitado una intensa controversia, especialmente en relación con sus implicaciones para la responsabilidad ambiental del Estado mexicano. Al eliminar un párrafo clave del artículo 27 de la Constitución que establecía la obligación del Estado de liderar la transición energética, esta modificación plantea serias preocupaciones sobre el futuro de la política ambiental en el país.

La reforma, que busca fortalecer la soberanía energética a través del control estatal sobre áreas estratégicas, también permite que se prioricen combustibles fósiles como el carbón y el combustóleo. Esta decisión ha sido criticada por organizaciones ambientalistas, como Greenpeace, que advierten sobre el riesgo de que México se aleje de sus compromisos internacionales, incluyendo el Acuerdo de París. Al eximir al Estado de su papel protagónico en la protección del medio ambiente, la reforma podría facilitar un aumento en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), lo que agravaría el problema del cambio climático en el país.

Durante la discusión en el Congreso, varios legisladores expresaron su preocupación por el impacto de esta eliminación. El diputado Germán Martínez (PAN) advirtió que esta modificación no solo contraviene convenios internacionales, sino que también limita la capacidad del Estado para garantizar un futuro energético sostenible. En contraste, algunos representantes de Morena argumentaron que la reforma permite mayor flexibilidad para la participación del sector privado en la inversión en energía, lo que podría ser beneficioso para el país. Sin embargo, esta postura ha sido calificada de peligrosa por quienes abogan por una transición energética que incluya una fuerte regulación estatal en favor del medio ambiente.

Además, al suprimir el párrafo que establece que el Estado debe utilizar de manera sustentable todas las fuentes de energía disponibles, se crea un vacío legal que podría abrir la puerta a un modelo energético más dependiente de combustibles fósiles, en lugar de fomentar el desarrollo de energías limpias. Este cambio se presenta en un contexto donde la salud pública y la sostenibilidad ambiental son más relevantes que nunca, especialmente ante el aumento de problemas de salud asociados a la contaminación.

En este sentido, la eliminación de la obligación del Estado para implementar la transición energética es vista como una regresión en los esfuerzos por cumplir con las metas de reducción de GEI. Activistas han señalado que es fundamental que la sociedad civil esté alerta y exija que se mantenga la responsabilidad del Estado en la protección del medio ambiente, así como en la implementación de políticas que promuevan un desarrollo sostenible y respetuoso con el entorno.

Finalmente, la reforma debe pasar al Senado para su discusión y posible aprobación. La comunidad ambiental y diversos sectores de la sociedad civil continúan monitoreando el proceso legislativo, demandando un compromiso firme por parte del gobierno para garantizar que la política energética de México no se traduzca en un retroceso en la lucha contra el cambio climático y en la protección del medio ambiente.