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El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expresó su desacuerdo y “ fuerte preocupación” por el Acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador mediante el cual todas las obras de infraestructura del gobierno federal serán consideradas como asuntos de seguridad nacional pues advirtió que es violatorio de diversas leyes, invade las facultades del Poder Legislativo, y sobre todo “puede usarse para evitar obligaciones de transparencia y rendición de cuentas e incentivar la corrupción”.
Explicó que equiparar los proyectos federales a este régimen evade diversas normas constitucionales y legales que tienen por función proteger los derechos humanos, el medio ambiente, la transparencia y acceso a la información pública, la libre concurrencia, los procedimientos y licitaciones para garantizar las mejores condiciones de contratación con recursos públicos, la división de poderes y la lucha contra la corrupción
El máximo órgano empresarial alertó que este Acuerdo también instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional de los permisos respectivos de las obras del gobierno federal en un plazo de cinco días hábiles, lo que pone a los proyectos públicos por encima de la ley.
Eso sin contar que se producirían efectos en el gasto, en el desarrollo de obras y en la afectación de derechos que sería irreversible y que dejaría a comunidades, personas y empresas en situación de indefensión.
En ese sentido, el CCE manifiesta su rechazo y hace un llamado a defender la legalidad y el Estado de Derecho para proteger el medio ambiente, la seguridad pública y los derechos humanos, son garantías que no pueden estar sujetas a la discreción de las autoridades en turno, ya que este acuerdo afecta la toma democrática de decisiones.
En un posicionamiento, la cúpula empresarial detalló que el Acuerdo Presidencial abarca proyectos indeterminados asociados a infraestructura de la gran mayoría de los sectores y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional, sin tomar en cuenta que la Constitución reserva el régimen excepcional de seguridad nacional exclusivamente a casos graves que lo justifiquen y, en todo caso, por decisión del Poder Legislativo, que representa la pluralidad democrática en México, por lo que este Acuerdo pone al Ejecutivo por encima de la ley.
Es importante señalar –agregó--que la Ley de Seguridad Nacional actual no considera a las obras de infraestructura como un riesgo para la seguridad nacional, sino que contempla cuestiones de máxima importancia y gravedad, como la protección de la nación, preservación de la soberanía e independencia en defensa del territorio, el mantenimiento del orden constitucional, el fortalecimiento de las instituciones democráticas, espionaje, sabotaje, terrorismo, rebelión, traición a la patria y genocidio.
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