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A una semana de los hechos, la Confederación Patronal de la República Mexicana(Coparmex) exigió deslindar responsabilidades del incendio en una estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde perdieron la vida al menos 39 migrantes y acusó que la política migratoria del gobierno mexicano es persecutoria y está militarizada.
Recordó que el programa “Quédate en México” se tradujo en la implementación de una política migratoria persecutoria que se agudizó con la participación de elementos de la Guardia Nacional, cuyos elementos tienen formación militar, los cuales no actúan como garantes de derechos humanos sino que tienen como objetivo claro la detención y deportación.
Esto –agregó--ha tenido como consecuencia inevitable una serie de detenciones arbitrarias basadas en rasgos raciales y la expulsión colectiva.
Por ello, demandaron al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador modificar su política migratoria y cesar las conductas persecutorias para abordar el tema con un enfoque humanista que integre a las personas migrantes a la sociedad, y que particularmente se atienda a la niñez migrante.
De acuerdo con datos oficiales del gobierno federal, en 2022 se detectaron 18 mil 300 niñas, niños y adolescentes (NNA) extranjeros de países centroamericanos que se encontraban en nuestro país, la mayoría de los cuales huyen de contextos de violencia y pobreza.
El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM señala que de 2014 a 2023, 4 mil 400 personas migrantes han muerto o desaparecido en la frontera México-Estados Unidos; tan solo en 2023, se registraron mil 434 eventos de los cuales 93 fueron de menores.
En el periodo del 1 de enero al 24 de marzo, el INM detuvo a 34 mil 489 niñas y niños migrantes, de los cuales 2 mil 429 viajaban solos, lo que representa un enorme reto para el Estado mexicano, pues la prioridad debe ser buscar alternativas a la detención de esta población vulnerable, entre las que se encuentra el modelo desarrollado por UNICEF para el cuidado de los infantes que incluye albergues a puertas abiertas, departamentos especializados y acogimiento familiar
La Coparmex advirtió que ha detectado diversos cuellos de botella en el ámbito del gobierno federal, que inhiben la inserción laboral de refugiados tales como los trámites prolongados para otorgar el estatus de refugiado y limitaciones para la obtención de RFC, entre otros.
Recordó que México ha firmado compromisos internacionales en materia de migración y asilo, particularmente el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que establece protección y garantía de los derechos humanos de las personas migrantes, así como proteger el derecho al trabajo decente y otros derechos laborales, así como luchar contra la discriminación y la xenofobia.
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