Una exfuncionaria de la oficina de asesores de la Fiscalía General de la República denunció acoso sexual al interior de la dependencia por parte de compañeros, sin que hasta el momento se haya castigado de manera ejemplar ese tipo de acciones por parte de la institución, según acusó.
Leticia Uribe Martínez, quien laboraba en dicha oficina, promovió una queja administrativa en contra de Fernando Espidio Gámez, a quien acusó de presuntamente acosarla sexualmente, pero solo fue sancionado con quitarle el goce de sueldo por un mes y sigue laborando en la dependencia, explicó.
Por ello, la quejosa recurrió al Poder Judicial quien le otorgó el amparo 1594/2022 para que se reponga el procedimiento por la violencia institucional y sexual que ha sufrido presuntamente de parte de Espidio Gámez y se aplique la sanción correspondiente.
En el amparo se establece la obligación de las autoridades para impedir “los actos de violencia institucional en ejercicio de los derechos humanos de las mujeres consistente en la omisión de actuar con perspectiva de género para respetar y proteger los derechos humanos de las mujeres que se encontraban y se encuentran adscritas a la Coordinación de Asesores de la Oficina del entonces Procurador General de la República”.
“Evitar que sean víctimas de violencia institucional y laboral, en particular consistentes en tolerar y consentir la violencia o acoso sexual al no denunciar los actos de violencia, ni acompañar a las víctimas a denunciar, ni proteger a las víctimas que se encontraban o se encuentran bajo su resguardo”.
Paralelo a ello, Uribe Martínez, ha empezado a recabar testimonios de otras mujeres que también han sido víctimas de acoso sexual para que se sumen a esta investigación.
Uribe Martínez exigió a la FGR castigar este tipo de acciones y proceder en consecuencia contra el presunto acosador que se mantiene en la dependencia.
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