Búsqueda
68 mil presuntos delincuentes recluidos bajo prisión preventiva oficiosa podrían quedar en libertad en las próximas semanas por una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alertó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde.
En el grupo de probables liberaciones de la prisión preventiva de oficio (PPO) hay presuntos asesinos, violadores, narcotraficantes, pederastas, tratantes de personas, feminicidas y traficantes de armas, explicó.
“Estamos hablando de 11 mil 640 acusados de homicidio, 7 mil 150 señalados por secuestro, 5 mil 617 acusados de violación, 4 mil 13 por narcotráfico o narcomenudeo, 3 mil 800 de portación de armamentos y explosivos, mil 405 de femicidio, mil 273 de abuso infantil y corrupción de menores, y 405 por delincuencia organizada”, detalló.
Explicó que la SCJN “está proponiendo invalidar el artículo 19 constitucional y ordenar a todos los jueces del país inaplicar la prisión preventiva de oficio”
Esta decisión la toma a partir de una resolución emitida en enero de 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia judicial internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA) en donde condena a México y resuelve que debe adecuar sus leyes modifiando su Constitución para eliminar la PPO, dijo.
Añadió que la Corte mexicana “atrajo la sentencia, oficiosamente, para interpretarla y ordenar unilateralmente cómo México debe darle cumplimiento sin que se tome en cuenta a otras instituciones, una obvia sería el Congreso de la Unión, quien debería analizar la posibilidad de estas modificaciones”.
Luis María Alcalde dijo creer que “la SCJN se excede en sus facultades y pretende tomar una decisión sin dimensionar lo que esto significa para la paz y seguridad de nuestro país”.
Explicó que la liberación de estas personas pondría en riesgo a “las personas que los han acusado, a policiás, juzgadores, trabajadores administrativos del Poder Judicial, a la población por la proable repetición de los delitos señalados”.
Durante su participación matutina, manifestó que esta liberación implicaría una carga excesiva de trabajo para la Fiscalía y los Juzgados porque aumentará los tiempos de procesos y juicios.
La decisión vulnera la soberanía nacional pues la existencia de organismos internacionales no implica que un país renuncie a su soberanía y derecho a autodeterminarse.
Copyright © 2024 La Crónica de Hoy .
