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Con la conclusión este 11 de mayo, del Título 42, medida que se implementó en el gobierno de Donald Trump con motivo de la pandemia del Covid para expulsar vía fast track a casi 3 millones de migrante en los 38 meses que duró, también se activa un problema mayúsculo para nuestro país: La llegada de una oleada de migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos que amenaza con desembocar en una crisis humanitaria en las próximos meses.
Organizaciones nacionales y extranjeras, activistas y senadores de oposición, advierten el riesgo de que el gobierno mexicano acepte la oleada de migrantes, que serán deportados de Estados Unidos ahora mediante el Título 8-- sistema de inmigración de Estados Unidos, considerado más agresivo—pues no hay una política gubernamental ni condiciones de sanidad, alimenticia y menos de seguridad para las personas deportadas sin contar con el desplazamiento masivo de migrantes a nuestras fronteras.
“¿Qué criterios tiene previsto el gobierno mexicano para facilitar el retorno seguro a los países de origen para personas retornadas de Estados Unidos? ¿Qué respuesta tiene preparada el gobierno mexicano para el retorno de estas personas a México? Sobre todo, tomando en cuenta que las ciudades fronterizas mexicanas ya están experimentado un sobrecupo en los albergues y otros servicios disponibles para las personas migrantes, y que muchas de estas personas van a tener restricciones o estar excluidas de solicitar el reingreso a Estados Unidos.
¿Qué medidas van a adoptar sus oficinas para garantizar la seguridad de las personas retornadas al territorio mexicano?”, cuestionaron decenas de organizaciones latinoamericanas agrupadas en Wola.
En tanto, senadores como Emilio Álvarez Icaza advirtieron sobre la crisis humanitaria que está en puerta, pues México se está convirtiendo en “un gran campamento de migrantes”.
El senador del grupo plural alertó que el gobierno mexicano no ha dimensionado la crisis que tiene en puerta y es momento para que pida la intervención de la ONU por cuestiones humanitarias.
Bajo el Título 42, Estados Unidos expulsó al 49% de los migrantes que ingresaron de manera irregular a su territorio.
En ese sentido, Alvarez Icaza acusó que estas deportaciones también tienen “rostro mexicano” pues la mitad de quienes son expulsados son connacionales, por lo cual consideró que es obligación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador crear condiciones junto con los gobierno estatales, para recibir esta oleada de compatriotas.
“Si no lo hacen va a estallar una crisis humanitaria con hambre, insalubridad e inseguridad”, alertó
En tanto las organizaciones no gubernamentales agrupadas en Wola, reprocharon “la falta de claridad e información sobre la respuesta del gobierno mexicano” ante esta situación y lanzaron una serie de cuestionamientos.
“¿Qué nacionalidades estará aceptando México para ser retornadas de Estados Unidos? ¿Se ha determinado un límite en el número de personas que aceptará México cada mes?
¿Qué documentos migratorios proporcionará el gobierno mexicano para la población retornada de Estados Unidos? ¿Serán elegibles para poder acceder a la condición de refugiado u otras formas de protección humanitaria en México?”, demandó
Asimismo preguntaron qué tipo de acuerdo conjunto o colaboración con Estados Unidos ha gestionado México para atender a las necesidades de las poblaciones retornadas, apoyo a las instituciones que darán atención como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) o la instalación de albergues temporales en las ciudades fronterizas?
Asimismo ¿qué acciones o medidas basadas en el interés superior de la niñez están considerando adoptar para prevenir o proteger a niñas, niños y adolescentes de los resultados de las políticas migratorias post Título 42? Por ejemplo, para garantizar la no separación familiar.
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