Ante una eventual implementación de la Ley SB4 en Texas, Estados Unidos, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, se reunió con aliados estratégicos y organizaciones de la sociedad civil para abordar la estrategia que implementaría en el eventual caso de aplicarse dicha ley.

“México no puede permanecer indiferente ante las iniciativas que perfilan racialmente y detienen ilegalmente no solo a ciudadanos mexicanos, sino a cualquier persona de ascendencia mexicana”, sostuvo.

Los mexicanos, dijo, hacen contribuciones invaluables a sectores clave de la economía texana, independientemente de su estatus migratorio, mi principal prioridad es protegerlos y empoderarlos”, subrayó la canciller.

Ello, externó, porque, es fundamental cambiar la narrativa que criminaliza a la comunidad migrante mexicana y, en ese sentido, resaltó que de los 37.3 millones de mexicanos y mexicanas que radican en Estados Unidos, casi 10 millones se encuentran en Texas.

Resaltó que los inmigrantes mexicanos representan 324.8 mil millones de dólares en ingresos y, aunque parte de esos ingresos van a México en forma de remesas, eso equivale solo al 18.5%, lo que significa que el 81.5 por ciento se reinvierte en comunidades locales de todo el país.

Así se estableció en el Consulado General de México en El Paso, en el marco de una gira de trabajo en la que, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), sostuvo un encuentro con aliados estratégicos y organizaciones de la sociedad civil para abordar la estrategia que implementaría México.

La encargada de la política exterior del país sostuvo que Ley SB4 criminaliza a la comunidad migrante en Texas, fomenta la separación de familias, la discriminación y las expresiones de odio que atentan contra los derechos humanos.

Ante ello, refirió, el gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), presentó un amicus curiae ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito el pasado 21 de marzo, y reafirmó que “México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones por parte del estado de Texas”.

La secretaria Bárcena Ibarra mencionó que como parte de la estrategia de asistencia y protección consular ante una eventual entrada en vigor de la Ley SB4, los 11 consulados de México en Texas cuentan con instrumentos como el Programa de Asesorías Legales Externas (PALE), que brinda orientación, asesoría y representación legal a connacionales mexicanos; así como el Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) que opera las 24 horas del día; y la Semana de Asesorías Legales Externas (SALE).

En este contexto, convocó a ampliar la colaboración entre las organizaciones de la sociedad civil, aliados estratégicos y los consulados para brindar orientación e información oportuna a la comunidad mexicana.

Advirtió que la gente debe entender “cuáles son sus derechos, cuáles son los temas que pueden enfrentar si esta ley es aplicada... Debemos organizar un network más amplio en todo el estado de Texas, entre los 11 consulados y todas las organizaciones que están trabajando aquí, en este estado, para poder realmente avanzar”.

La delegación mexicana que acompañó a la secretaria en la reunión estuvo integrada por el cónsul de México en El Paso, Mauricio Ibarra Ponce de León; el jefe de Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez; la directora general de Protección Consular y Planeación Estratégica, Vanessa Calva Ruiz; la directora general de Asuntos Políticos para América del Norte, Cristina Planter Riebeling; y el director general de Coordinación y Seguimiento Interinstitucional, Luis Mingo Nyssen.

La SRE, a través de las 11 representaciones consulares en Texas, reafirma su compromiso de continuar brindando asistencia y protección consular oportuna, humana y digna a todas las personas mexicanas que radican en ese estado.

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