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Contrario al discurso sostenido por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la Cumbre de Líderes de América del Norte, la migración de mexicanos a Estados Unidos se ha incrementado 200 por ciento de 2019 a 2022, de acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del vecino país.
Frente al presidente estadounidense Joe Biden y al primer ministro canadiense Justin Trudeau, el mandatario mexicano señaló:
“Se ha reducido el número de migrantes mexicanos. Ya son menos los que abandonan nuestro país porque hay inversión pública; porque, de 35 millones de familias, 30 millones están recibiendo cuando menos un Programa para el Bienestar, y de manera directa”.
“Todos estos programas ayudan a que la gente se quede en sus comunidades, en sus pueblos. Construimos la refinería de Dos Bocas, 35 mil empleos. Estamos construyendo el Tren Maya en cinco estados, ahí están trabajando como 300 mil personas. Ese es el camino: el desarrollo, el bienestar”.
Sin embargo, conforme a las cifras oficiales del gobierno de EU, en el sexenio lopezobradorista (de enero de 2019 a noviembre de 2022, mes hasta el cual se lleva el registro), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha detenido a 2 millones 79 mil 256 mexicanos.
La cifra se ha multiplicado cada año: en 2019 se detuvo a 258 mil 393 mexicanos; en 2020 -pese a la pandemia del Coronavirus- a 362 mil 251; en 2021 a 706 mil 647; y de enero a noviembre de 2022 se llegó a 751 mil 965 detenciones.
José Luis Pérez Canchola, ex coordinador de asesores en materia de seguridad pública de Cuauhtémoc Cárdenas y actual miembro de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, analizó para Crónica esta realidad. Las medidas del gobierno, dijo, están enfocadas a la cuestión del empleo y hoy la migración de connacionales es por violencia.
“La mayoría de la migración, en especial de estados como Michoacán, Guerrero y Veracruz, es por amenazas, secuestros, cobros de piso y reclutamiento forzado. He entrevistado a familias numerosas que tenían su negocio, puesto, taller, taxi, pero el cobro de piso los expulsó; incluso hay cobro de piso por casas-habitación”.
“En México se habla de generar empleos, le he mandado mensajes a Alejandro Encinas de que esto no es una migración laboral o económica, sino por amenazas. De la última familia que entrevisté, la hija tenía una cosmética, a los dos o tres meses no pudo pagar y la mataron. Y tuvo que salir toda la familia, y entregar su propiedad a la delincuencia”.
En trabajo de campo, Pérez Canchola ha encontrado casos en los cuales las pandillas siguen a las víctimas hasta la frontera.
“También entrevisté jóvenes que estaban siendo reclutados de manera forzada; había chicos marcados por las pandillas”.
-¿Marcados?
-Sí, con emblema de estos grupos. Ya cuando los marcan, son de su propiedad. El modelo de los maras ya está siendo utilizado en México: ellos dividen las ciudades por barrios y cada uno debe tener un número determinado de pandilleros, y cuando matan a un mara o dos o tres, en los siguientes días se meten a las casas a la fuerza y se llevan a los chamacos: 14 o 15 para reponer a los muertos. La lógica es que la pandilla no puede disminuir su número porque entonces pierde fuerza. Eso ya está sucediendo en algunos estados de la República.
Según las cifras de la CBP, en 2019 los mexicanos representaban el 28 por ciento de los detenidos en la frontera sur estadounidense (921 mil 812, considerando todas las nacionalidades); en 2020 el 66.1 por ciento (547 mil 777); en 2021 el 34 por ciento (2 millones 35 mil 656) y hasta noviembre de 2022 el 33 por ciento (2 millones 325 mil 43).
El dato de mexicanos detenidos a diario es revelador: en 2019 fueron detenidos en promedio 708 al día; en 2020, 993; en 2021, mil 936; y de enero a noviembre de 2022, 2 mil 252 mexicanos diarios.
“Se han generado empleos por las obras, pero la migración sigue hacia arriba. Con los programas sociales algunas familias tienen al menos para alimento, encuentran cierta estabilidad, pero esto es por el miedo a morir. Conozco empresarios del aguacate en Michoacán que pelearon porque sus hijos no fueran reclutados, les quemaron las propiedades y los amenazaron de muerte, tuvieron que huir”, narró Pérez Canchola.
-¿Cómo atacar esta violencia social familiar? -se le preguntó.
-Es muy difícil de combatir, porque la gente tiene miedo de denunciar. Nuestras leyes permiten que presenten su denuncia en Tijuana, por ejemplo, y la Fiscalía local puede transmitir el caso al estado que corresponda, pero es una bronca que los reciban. Estuve más de cuatro horas en la Fiscalía con las últimas dos familias que acompañé, y eso que había una hija muerta de por medio, además de amenazas y secuestros.
-Son delitos que quedan impunes…
-Sí, porque no se facilita la denuncia. Tiene que haber un programa especial para esta migración forzada y, diría, humanitaria, porque se trata de salvar vidas. No veo autoridades que le estén dando seguimiento a esto, nos damos cuenta los activistas de derechos humanos que estamos en la calle, en los albergues.
El especialista propuso además “un protocolo especial de atención a este fenómeno de migración forzada, así como promover la denuncia anónima. Hay casos en los cuales las personas sí presentaron su denuncia, pero al regresar a sus casas ya estaban los pandilleros ahí, hay complicidad y corrupción en las propias instituciones. ¿Cuál es la alternativa? Huir. Urge un plan especial, distinto al enfoque de programas sociales y empleos”…
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