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Con la reciente aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la reforma para adscribir la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se ha desatado un intenso debate sobre el futuro de los derechos humanos en el país. Amnistía Internacional ha sido una de las voces más críticas frente a esta iniciativa, expresando su profunda preocupación por lo que consideran un grave retroceso en el manejo de la seguridad pública y una peligrosa consolidación del proceso de militarización.
El organismo internacional, a través de su cuenta de X, lamentó este viernes la decisión del Poder Legislativo y lanzó un enérgico llamado al Senado mexicano para detener la reforma constitucional. Amnistía advirtió que esta medida significa la culminación de un proceso que ha estado en marcha desde hace años y que va en contra de las recomendaciones internacionales sobre el manejo de la seguridad ciudadana.
Señaló que, a escasos días del aniversario de eventos trágicos como la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la masacre de Tlatelolco, el avance de la reforma parece ignorar el sufrimiento de las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.
La Guardia Nacional, creada en 2019 bajo la promesa de ser una fuerza de seguridad civil, ha sido constantemente criticada por su creciente militarización. Aunque en sus primeros años estuvo bajo el control civil de la Secretaría de Seguridad Pública, la GN ha operado en gran medida con personal proveniente del Ejército y la Marina, lo que, según los críticos, la convierte de facto en una fuerza armada más. La actual iniciativa de reforma busca formalizar esta situación, integrando a la GN a la Sedena y otorgándole nuevas facultades constitucionales, entre ellas la investigación de delitos y el control fronterizo.
Amnistía Internacional y otros colectivos defensores de los derechos humanos han advertido sobre los peligros de esta reforma. Señalan que la militarización de la seguridad pública en México no ha resuelto la crisis de violencia que afecta al país desde hace tres sexenios. Al contrario, argumentan que ha exacerbado la situación al permitir que los militares, que no están entrenados para funciones de seguridad ciudadana, actúen en ámbitos reservados a las autoridades civiles. El análisis de Amnistía destaca que la GN es una de las instituciones con más quejas por violaciones a los derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, abuso de la fuerza y maltrato a migrantes.
El contexto de esta reforma resulta particularmente relevante. El propio presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en 2010 criticó la idea de una república militar y defendió un enfoque civilista, ahora promueve esta reforma que consolida el poder de las fuerzas armadas en la seguridad pública. Esta contradicción ha sido señalada como una traición a las promesas de desmilitarización.
Los críticos insisten en que la solución a la crisis de inseguridad no puede ser la ampliación del poder militar, sino el fortalecimiento de las policías civiles. Sin embargo, el gobierno ha defendido la reforma argumentando que las policías locales están corrompidas y son incapaces de enfrentar al crimen organizado. Para Amnistía, este argumento solo subraya la urgencia de una reforma policial profunda, no su sustitución por cuerpos militares.
La reforma de la Guardia Nacional representa un punto de inflexión en la política de seguridad pública en México. Mientras la reforma ya ha pasado al Senado, continua las advertencias sobre las graves implicaciones para los derechos humanos y la democracia en el país.
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