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En una resolución inédita, un juez federal concedió un amparo a una menor de edad cuyos datos personales y escolares fueron utilizados para la asignación de una beca desde 2019, aunque hasta ahora se desconoce el destino de ese apoyo económico.
En el proceso, anularon los derechos de sus padres, otorgándole la tutoría a una mujer desconocida.
No es una historia única en el estado ni a nivel nacional. Este reportero ha tenido conocimiento de otras más. Sin embargo, en este caso la familia emprendió una batalla de meses hasta llegar al Juzgado Décimo Primero de Distrito, con sede en el municipio oaxaqueño de San Bartolo Coyotepec, donde el expediente fue admitido en marzo de este año con el número 257-2024.
“La Justicia de la Unión ampara y protege (a la niña) y a sus (padres), en representación de la menor, por las consideraciones y motivos sustentados en el considerando quinto de esta sentencia, y para los efectos precisados en el considerando sexto”, determinó el juzgador Samuel René Cruz Torres.
El dictamen fue emitido el 18 de julio y hoy es revelado por Crónica.
Se señalaron como autoridades responsables de diversos atropellos contra la pequeña a Abraham Vázquez Piceno, Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Leticia Ramírez Amaya; y al titular de la Oficina de Representación de la CNB en Oaxaca.
“Al negarle la beca a la menor y su incorporación a la beca Benito Juárez, con motivo de que dicha menor ya se encuentra inscrita, se trasgrede su derecho de acceso a la instancia administrativa y de seguridad jurídica, ya que no se encuentra inscrita en dicho programa social y no es beneficiaria del mismo”, justificó Cruz en los considerandos.
“Para satisfacer el derecho de seguridad jurídica y legalidad previstos en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, el acto de autoridad deberá citar fundamentos y motivos que originaron el acto de molestia; se considera que la falta de estos elementos produce estado de indefensión a la persona”, enfatizó.
El juez ordenó a la Coordinación Nacional de Becas dar respuesta inmediata a la menor de siete años y a su familia sobre los siguientes puntos: detallar con qué documentación se le dio de alta (desde 2019) y se impuso como su tutora a una mujer extraña; designar como representante de la niña a alguno de sus verdaderos padres; informar cuánto se ha pagado todos estos años, a quién y bajo qué modalidad; entregar el monto total a la pequeña amparada y compartir el expediente completo del caso.
También se obligó a la CNB a incorporarla de manera formal al programa.
NEGATIVAS. Las irregularidades salieron a la luz por una investigación de la propia madre: Shadi Janet Quevedo, quien a finales del año pasado intentó registrarla en el padrón de becarios de Educación Básica. Sin embargo, el trámite fue rechazado porque supuestamente la niña, cuyo nombre sabemos ahora es María, ya recibía el recurso. Ante las reiteradas negativas de la CNB, la mamá logró descubrir la fecha de alta (2019) y el nombre de la tutora de papel: Itzel Alondra Mendoza Bautista. Se acercó al abogado Juan Maldonado Vargas y apostaron por el amparo.
“Se alegó violación a los derechos humanos, derechos de audiencia y petición. La Coordinación de Becas evadió cinco requerimientos y cuatro veces tuvo que diferirse la audiencia constitucional. Se les requirieron documentos del alta y estatus. Primero contestaron que no estaban en tiempo, luego se negaron a reconocer a la madre como tutora. Con el amparo se sienta un precedente sobre un problema muy serio en el sistema de becas”, aseguró el defensor en entrevista con Crónica.
“El tema es muy delicado y las interrogantes muchas: ¿por qué en México cualquier persona puede ser tutor de un menor de edad?, ¿por qué a ese tutor falso una autoridad le da acceso a la información y beneficios económicos de un menor?, ¿alteraron la base de datos del programa?, ¿quién tiene acceso a las plataformas en la Secretaría del Bienestar y la Coordinación Nacional de Becas?, ¿se están desviando recursos?... Si en el Registro Civil alteraron documentos, ¿quién es el responsable? Hay muchas referencias de cómo manipulan plataformas en perjuicio de menores”.
-¿Qué sigue?
-El amparo nos permite promover una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por abuso de autoridad, en contra de quienes resulten responsables. Tendrá que hacerse un peritaje informático para determinar quién y por qué manipuló la base de datos, y por qué cuando la madre descubrió el año de alta se borraron los datos de 2019 y se insertó la fecha de enero de 2024. ¿Cómo pudo actualizarse una beca de primaria cuando la supuesta beneficiaria tenía dos años? Hay que revisar también un posible desvío de recursos. Lo que se busca es la reparación del daño por violar un derecho adquirido.
-¿En qué consistiría?
-En que le den a la niña el monto total de la beca que se ha cobrado todos estos años.
-¿Qué delitos se enmarcan?
-Se actualiza el de abuso de autoridad; ya si hubo falsificación de documentos o robo de identidad lo deberá determinar la FGR. El amparo también me permite presentar una queja ante la CNDH con miras a generar una recomendación sobre lo que está pasando en plataformas de los programas sociales. Espero que a partir de ahora más víctimas denuncien.
Camino al amparo, el juez entrevistó a María:
-¿Sabes por qué estás aquí? -le preguntó.
-Porque alguien que no conozco está cobrando mi beca -respondió la pequeña.
-¿Conoces a la señora Itzel Alondra?
-No sé quién es.
-¿Esa señora no es tu mamá?
-No, mi mamá es Shadi.
La niña también le escribió una carta: “Señor juez, le pido me ayude para que me entreguen mi beca que tengo desde 2019, no me la dan a mí, ni a mi papá ni a mi mamá. Le pido su ayuda para poder disfrutarla, soy una niña responsable, asisto a la escuela y hago mi tarea”.
¿DUPLICIDAD? Otro elemento enrareció aún más el asunto: el uso de una misma Clave Única de Registro de Población para dos personas…
Durante el proceso judicial el juez solicitó a la Coordinación Nacional de Becas el expediente completo del caso. Fue enviado sólo una parte, pero con esa información fue posible conocer el nombre de otra menor involucrada: Michel, de 8 años de edad. Según los documentos, esa niña es hija de la señora Itzel Alondra y usa la misma Clave Única de Registro de Población de María.
Conforme a la CNB, la CURP registrada de Michel “no coincide con las características tradicionales de las CURP, es decir, coincidencia en las letras con las de los apellidos”, puntualizó en una tarjeta informativa enviada a este reportero.
La dependencia negó algún tipo de suplantación, robo de identidad o acción dolosa, pues encontró duplicidad de la CURP de María “con la registrada en 2019” para Michel. “La duplicidad en la CURP no es una falta atribuible a ninguna de las dos familias involucradas, ni a la Coordinación”.
Sí admitió una transferencia de datos de un programa de sexenios anteriores al actual programa de becas del bienestar: “la fecha de incorporación fue en 2018, ésta se realizó bajo las Reglas de Operación de Prospera”.
Este reportero cuestionó a la Coordinación por qué se trasladó a la plataforma de becas de la 4T información de Prospera, el cual tenía un objetivo diferente (inclusión social) y ha sido catalogado por el gobierno lopezobradorista como uno de los más corruptos de antaño; también se le preguntó cómo una plataforma presumida como “confiable” pudo aceptar la CURP de una niña sin coincidencia en nombre, apellidos y datos de nacimiento. Sin embargo, ya no hubo respuesta.
“No puede haber una CURP para dos personas y una clave para dos escuelas. Si una CURP coincide para dos personas, el Registro Civil y el Registro de Población estarían en serios predicamentos. La Coordinación de Becas le está echando la bolita a esas instituciones, pero ¿qué tiene que ver el Registro Civil y Renapo con aceptar una CURP para una niña diferente?, ¿acaso están aprovechándose de los errores en el Registro Civil para cuadrar apoyos que luego se desvían?”, señaló el abogado Maldonado Vargas.
Una inconsistencia más atizó el fuego: los datos escolares de María también fueron sustraídos y usados para cobrar la beca, tanto el nombre del colegio como la clave.
Según la CNB, Michel “se ha mantenido en el padrón del programa, ya que ha permanecido como alumna inscrita en una escuela pública de Educación Básica. Lo anterior, de acuerdo con la matrícula escolar que las autoridades educativas estatales reportan a la Coordinación”.
Piedra sobre piedra, absurdo tras absurdo, la historia se envileció. Había prisa por encontrar a la señora Itzel Alondra y a Michel… ¿Existían?
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