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El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno anunció acciones legales luego de que el Gobierno de México publicó este viernes que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación en su contra por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.
“Emprenderemos acciones legales, vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque no podemos permitir que se rompa el régimen democrático en México que se politice la justicia o que se judicialice la política”, advirtió
A través de un video que realizó presuntamente desde Europa, Alito acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar las instituciones autónomas para “politizar la justicia”, así como perseguir a los opositores o quienes son incómodos para este régimen.
En ese sentido explicó que este anuncio que hizo el gobierno de López Obrador de una supuesta investigación en su contra violenta el debido proceso y la presunción de inocencia, por lo que también invalida la presunta indagatoria en su contra.
“Esto tira cualquier carpeta de investigación porque viola el debido proceso y la presunción de inocencia”, sostuvo
De hecho Moreno destacó que el gobierno federal tuvo que borrar su publicación minutos más tarde pero advirtió que todo quedó documentado y fue público
“Vengo enterándome, a unas horas de llegar a nuestro país, que el Gobierno Federal subió un Twitter diciendo que habían carpetas de investigación contra un servidor [...] Ello es increíble porque quien debe hacer eso (informar) es la Fiscalía General de la República porque es un organismo autónomo”
El dirigente tricolor se dijo perseguido político y contrario a lo que señalan al interior de Morena, regresará a México este sábado para seguir en la batalla contra el régimen de López Obrador.
Unas horas antes, el gobierno federal publicó un tuit donde anunció que la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación en contra el dirigente nacional del PRI por los posibles delitos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y fraude fiscal.
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