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Por unanimidad de los 127 legisladores presentes, el pleno del Senado, aprobó reformas a la Constitución para reconocer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
La reforma aprobada reconoce, asimismo, la identidad cultural de los pueblos indígenas y afroamericanos, con especial atención en el reconocimiento de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
La reforma garantiza el derecho a decidir de los pueblos indígenas conforme a sus sistemas normativos, a sus representantes y sus formas internas de gobierno, de acuerdo con la Constitución y las leyes aplicables, con excepción de no limitar los derechos político-electorales.
Unos 23.2 millones de mexicanos y mexicanas se autorreconocen como indígenas en México, mientras que otros 2.5 millones de personas son afromexicanas.
Esta reforma, también, fija el derecho a ser consultados y cooperar de buena fe para adoptar y aplicar las medidas que puedan causar impactos significativos en su vida o entorno, para lo cual les brinda asistencia jurisdiccional idónea.
De igual modo, las autoridades, en el ámbito de sus competencias, deberán establecer las partidas específicas presupuestales para los pueblos y comunidades que administren y ejerzan conforme a las leyes de la materia.
Asimismo, permite a los pueblos originarios conservar su derecho a impugnar determinaciones por las vías legales pertinentes.
De igual manera, establece su derecho a preservar, difundir y fomentar su cultura, lenguas y educación, con base en sus métodos de enseñanza-aprendizaje.
Promover el desarrollo de la medicina tradicional y prácticas de salud, alimentación nutritiva, bioculturalidad e integridad de lugares sagrados, así como el reconocimiento del trabajo comunitario.
La senadora de origen indígena de Morena, Edith López Hernández, reconoció que el camino no ha sido fácil y consideró que con esta reforma se salda una deuda que llevó décadas de lucha para ser escuchados frente a la falta de respuesta y solución real a nuestros problemas, generados por malos gobiernos y administraciones del pasado.
“Durante mucho tiempo nuestros pueblos y comunidades indígenas padecimos engaños, promesas, olvido, hasta solo ser un objeto de museo estático, o ser relleno, o ser nada más parte de un escenario y, hasta represión”, reprochó.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, reconoció que hay una deuda con este sector de la población y se tiene que establecer un piso parejo.
“Hoy en México ser joven y ser indígena significa vivir en desventaja”, lamentó.
Afirmó que esta reforma “es un paso en sentido correcto para resarcir una deuda histórica con las comunidades que, desde la colonia, padecen el despojo… por parte del propio gobierno, así como de empresas y del crimen organizado”.
El PAN, a través de la senadora, Mayuli Latifa Martínez, destacó la importancia de esta reforma, pero recordó la importancia de que el Estado determine las asignaciones presupuestales para los pueblos indígenas y las comunidades que serán administradas por ellos mismos.
“Para que esto sea una realidad a través de las partidas presupuestarias. La Cámara de Diputados y los congresos locales también deberán establecer partidas específicas para este presupuesto”, aseveró.
El PRI a través de Néstor Camarillo Medina, también pidió que se les reconozca con la asignación de recursos para sus actividades propias y que se fortalezca el Instituto Mexicano de Pueblos Indígenas.
Reconoció que aún queda una enorme tarea, pues vienen las leyes secundarias y acciones para garantizar resultados inmediatos.
Su compañera Cynthia López Castro aseguró que se hizo justicia porque el 23% de la población en México son indígenas y hay aproximadamente 7 millones de personas que hablan la lengua indígena.
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