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“Tenemos miedo. Sí llevamos uniforme, pero no vamos armados. Nuestras armas son jeringas, desfibriladores, gasas y collarines”, dice a Crónica Eduardo Galván, paramédico con más de 30 años de experiencia -la mayoría en la Cruz Roja- y quien hoy coordina Soporte Vital Avanzado (SVA), especializada en brindar servicios prehospitalarios.
Apenas el lunes pasado, tres ambulancias fueron atacadas por comandos armados en la ciudad de Celaya, Guanajuato; en una de las unidades iban dos paramédicos, quienes fueron baleados y luego calcinados.
No se trata de una embestida aislada. Con datos corroborados en las fiscalías locales, Crónica logró documentar casos en al menos 19 estados del país, en el lapso de diciembre de 2018 a la fecha.
El catálogo delictivo contra unidades y personal del sector incluye tiroteos -la práctica de mayor incidencia-, quemas, golpes, persecuciones, amenazas y ataques con piedras, palos o vidrios. Nadie se salva: han sido agredidos vehículos y paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, del ramo público: IMSS e ISSSTE y, en especial, del ramo privado.
De acuerdo con el conteo de este diario, el saldo en el periodo ya referido es de 17 paramédicos asesinados y por lo menos 15 heridos.
“Es visible este gran problema de agresiones y amenazas en el gremio. Por eso, hoy existe una alerta para todo el personal de atención prehospitalaria del país. Sabemos que en la Cruz Roja son muchos los casos, pero a veces no se dan a conocer”, dice en entrevista el doctor Miguel Ángel Mata, presidente de la Asociación de Servicios Privados de Ambulancia y Atención Prehospitalaria.
“Lo que hemos identificado es que los criminales buscan impedir a toda costa que los lesionados o víctimas reciban asistencia médica, deben cumplir su objetivo de muerte. En algunas ocasiones esos terceros atacados pueden salvarse con la intervención rápida de un paramédico, y es lo quieren evitar”.
-¿Qué otros móviles de fondo han identificado? -se le pregunta.
-También el cobro de cuotas. En la Asociación sí hemos recibido testimonios, principalmente de estados como Quintana Roo. No es extraño que suceda, aunque hay mucho temor entre los emprendedores que han visto una oportunidad de crecimiento en este ámbito.
Los ataques documentados ocurrieron en las siguientes entidades: Guanajuato, Quintana Roo, Nuevo León, Morelos y Guerrero son los principales puntos rojos, por el número de casos. Pero también se han abierto denuncias en Aguascalientes, Chihuahua, Jalisco, Baja California, Sonora, Veracruz, Zacatecas, Edomex, Coahuila, Sinaloa, Oaxaca, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.
¿Qué hay detrás de los actos violentos?... Conforme a los expedientes, la gama de motivos es amplia: desde obstaculizar el traslado de un herido hasta la intención de “rematarlo”; desde la liberación o rescate de un lesionado hasta el secuestro de una ambulancia para movilizar a un aliado. Y, por supuesto, las extorsiones y el cobro de piso.
“El tejido social está muy dañado. Cuando caen algunas personas dedicadas al crimen organizado, llegamos al incidente y nosotros no vemos credos, razas, etiquetas ni actividades. Ni modo que ´andaba metido en no sé qué cosa o es de tal grupo´ y por eso nos vamos a retirar. También puede haber personas afectadas de un grupo delictivo y ellos lo que pretenden es rescatarlo. Si no logran abatir a un enemigo, llega una ambulancia y lo levanta, lo que van a querer es rematarlo, ha pasado en varios estados”, cuenta Eduardo Galván.
“Y la otra arista es, como en otros negocios, el cobro por derecho de piso, enfocado a los particulares de este servicio. Los grupos delincuenciales están a todo lo que dan. Sí nos han hablado, como empresa empiezas a crecer, a tener un parque vehicular, a veces no sabemos si esas llamadas sean del crimen organizado o de pandilleros del barrio que te tienen identificado, pero no faltan las extorsiones: que te tienen ubicado, que saben cuántos vehículos tienes. No soy el único que ha pasado por esto”.
HISTORIAS
Apenas el 28 de noviembre de 2023 fue torturado y asesinado en León, Guanajuato, Martín Pedroza, dueño de la empresa “Ambulancias Titanium”, una de las de mayor presencia en la región del Bajío.
Pasó algo similar el 13 de marzo de 2023, cuando fue acribillado en Cancún, Quintana Roo, el técnico en urgencias Arnold Arévalo, quien recién había emprendido un negocio y se negó al pago por derecho de piso.
En un pequeño porcentaje de los casos, las acometidas no provienen de la delincuencia organizada, sino de adversarios relacionados con otros temas: por ejemplo, conflictos agrarios; así ocurrió el pasado 17 de abril en una comunidad del municipio oaxaqueño de San Martín Peras, cuando comuneros armados dispararon contra una ambulancia cuyo objetivo era el traslado de tres heridos, luego de una riña interna. También se han registrado ataques durante protestas sociales o marchas, como sucedió el 8 de marzo de 2024 en Chihuahua, cuando un grupo de mujeres acometió contra una ambulancia y paramédicos por subir a un par de chicas con secuelas por gas lacrimógeno.
PARÁLISIS
Las acciones delictivas han provocado la parálisis de los servicios de emergencia y atención prehospitalaria a nivel municipal, por lo menos en tres ocasiones: una en agosto de 2021, cuando la delegación de la Cruz Roja en Pitiquito, Sonora, cerró actividades por la persecución, amenaza y tiroteo a seis de sus socorristas; otra, en abril de ese mismo año, cuando las oficinas de Mexicali (Baja California) y San Luis Río Colorado (Sonora) anunciaron la suspensión de traslados tras la muerte de un paramédico, alcanzado por múltiples disparos mientras transportaba a un herido.
Y otra más, en abril de 2019, cuando la Cruz Roja interrumpió de manera indefinida sus servicios en Salamanca, Guanajuato, después del ataque a una de sus unidades, en la cual se movilizada un lesionado por arma de fuego.
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