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Doña María de Lourdes y su esposo gastan por lo menos la tercera parte de su pensión de adultos mayores en medicamentos. Ella tiene 67 años y es diabética; él, de 70, padece presión arterial y otras afecciones del corazón.
Viven sólo con esa ayuda bimestral. Antes, cuando había más fuerzas, ella se dedicaba al empleo doméstico y él trabajaba en la construcción, como albañil. “A veces es comer o comprar la medicina, porque no da para las dos cosas y la comida también ha subido”, describió doña Lulú, como la llaman sus vecinos en Iztapalapa.
La historia de esta pareja, reflejo de la realidad mexicana, ejemplifica los hallazgos de un seminario sobre Derecho y Medicina realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, cuyo tema central fue el impacto a la salud colectiva por el drástico aumento en los precios de medicamentos durante el presente sexenio.
Conforme a los datos revelados durante el encuentro “Análisis jurídico del control de precios de medicamentos”, el costo de las medicinas más usadas por los mexicanos, tanto para las enfermedades crónico-degenerativas (diabetes, cáncer e hipertensión) como para las cotidianas (respiratorias y gastrointestinales) se incrementaron entre 200 y 300 por ciento del 2020 a la fecha.
“La fosfomicina 200 por ciento, el ácido clavulónico 250 por ciento; los antibióticos en lo general y varios medicamentos para controlar el cáncer, los quimioterápicos, como fluorouracilo o vincristina entre 200 y 300 por ciento”, ilustró Rubén Fernando Cano, único médico en el staff de investigadores del IIJ.
Pero la lista es mucho más larga. Y el panorama, desolador, en especial por el fracaso de las instituciones avocadas a suministrar medicamentos a los ciudadanos.
“Sabemos el acto fallido que fue el Insabi, y cómo ha sido reclamado a otras instituciones del sector público la omisión o negativa de suministrar medicamentos”, señaló Cano.
“El Insabi fue descontinuando, ¿cuánto duró el experimento?, ¿cuánto duró el Frankenstein? Lo que duran las ocurrencias”, apuntó María del Pilar Hernández, otra investigadora del Instituto.
OLVIDO. En México, el control del precio de medicamentos es asunto olvidado. No hay alguna dependencia dedicada a esta tarea.
A partir de 1992 se eliminó de manera paulatina la facultad de regulación en la materia de la Secretaría de Economía. Y el tema quedó en el limbo jurídico.
Desde su creación en 1993, la Comisión Federal de Competencia (Cofece), como órgano destinado en el papel a garantizar las condiciones de libre competencia, ha analizado algunos casos con perjuicio a consumidores, pero ha carecido de dientes para frenar los abusos.
“Tenemos derecho a comprar en mercados competidos, pero hay grupos de interés cuyo objetivo es obtener rentas indebidas en perjuicio de la sociedad. La relación de precios de medicamentos en México es una caja oscura, la OCDE ha realizado investigaciones y no ha tenido acceso a la información”, reveló José Eduardo Mendoza Contreras, comisionado de la Cofece.
“Cuando la Comisión entró en escena, a principios de los 90´s, sí existían acuerdos con el sector farmacéutico y había un control de precios, no sólo en medicamentos de patentes, sino del resto, pero se fueron abandonando. En 2004, mediante un acuerdo entre la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica y la Secretaría de Economía, se quitó la regulación. La OCDE tampoco ha tenido acceso a ese acuerdo, pero aquí hay un mea culpa, por lo menos en la Comisión ya lo debimos haber solicitado, para ver qué ocurre”.
Algunos de los expedientes analizados en el pasado por la Cofece han revelado diversas artimañas de farmacéuticas para incrementar precios y obtener ganancias millonarias, tanto en venta a farmacias como en compras públicas…
“Se ha documentado la colusión en licitaciones, acuerdos entre los laboratorios para inflar precios, y que gane alguien diferente en cada proceso sucesivo. El IMSS ha pagado sobreprecios de 2.9 por ciento en sus compras de soluciones intravenosas y 57.6 por ciento en compras de insulina. Se ha multado con 151.7 millones de pesos a los involucrados. Una empresa ganaba una licitación grande y luego otras ganaban tres licitaciones chiquitas equivalentes”, relató Mendoza Contreras.
“Cuando las empresas dañan a una instancia pública, lo que están haciendo es quitar recursos para la salud que todos estamos poniendo en una bolsa, afectan al erario y a la sociedad. Sin ese incremento del 57 por ciento, por ejemplo, se habría podido comprar más insulina en un país que padece diabetes”.
Algo similar se usó en otro caso: bancos de sangre -se cuantificó un daño por 2 mil 229 millones de pesos-: “Igual se pusieron de acuerdo en licitaciones para que el erario pagara más, afectó a los usuarios del IMSS que, en general, son los que están en peores circunstancias en el país. Las empresas sí hacen cosas, aunque también hay que decir que no todas son el diablo”.
Otro ardid fue identificado en la distribución en farmacias, con un golpe económico de hasta 3 mil 250 millones de pesos.
“Los distribuidores se ponían de acuerdo hasta para los días de descanso, para no ir a distribuir en determinados días, usaron listas de medicamentos para dar descuentos y luego subir el precio, y utilizaron lo que se llama cuadrantes: tú lo subes primero, luego ya no, pero subes otro; un segundo sube el que tú habías subido, después un tercero y así se van rotando para que la ciudadanía no se dé cuenta”, detalló el comisionado.
DESABASTO. De acuerdo con datos citados por la investigadora Pilar Hernández, 50.4 millones de mexicanos no cuentan con servicios de salud y, por tanto, no cuentan con medicamentos.
Y en el último reporte generado por el Colectivo Cero Desabasto (10 de junio de 2024), se revelaron casi 7 millones 504 mil recetas sin surtir en los diversos subsistemas de salud en el país. Además, en 2023 las quejas de pacientes ante la CNDH por el no suministro de medicinas subieron 6 por ciento.
MENTIRAS. -¿Por qué gasta su pensión en medicamento? -se preguntó a doña María de Lourdes, quien renta un cuartito en un terreno habitado por varias familias.
-Porque no hay el medicamento que necesitamos en el Belisario Domínguez (San Lorenzo Tezonco), el hospital donde vamos. Si viera qué carencias hay. Hace poco operaron a mi esposo y las pobres doctoras no tenían ni guantes. Nos dijeron que lleváramos los medicamentos durante su estancia ahí, porque no los tenían.
-¿Gasta más en medicamentos hoy que hace 4 o 5 años?
-Claro, el losartán, para la presión arterial, lo compraba antes en 30 pesos y ahorita en 70 pesos. Entre mi esposo y yo necesitamos ocho medicamentos, son hasta mil pesos al mes por cada uno. Y eso que compramos puro genérico. ¿De patente? Ni soñarlo. Luego algunas cajas, como la de atorvastatina, que me cuesta casi 100 pesos, trae 10 pastillas y yo necesito 30.
-¿Qué hace cuando el presupuesto no da?
-No las compro, de dónde, ando viendo si alguien me regala, pero es difícil. O nos quedamos sin medicamento unos días, a la espera de que la siguiente vez sí haya en el hospital.
-Dice que hoy gasta mil pesos al mes en medicinas, 2 mil si consideramos lo de su esposo, ¿cuánto gastaba antes?
-Como 400, 500 ya por mucho por cabeza. Nos afecta, porque sólo somos él y yo, pagamos renta y la comida, ha subido el huevo, el jitomate, hasta un pedazo de chicharrón.
-¿Cuál sería su petición a las autoridades?
-Que cumplan. Dijeron que había medicamento para surtir. López Obrador dijo que tenía una farmacia llenísima de medicamento, puras mentiras porque seguimos en las mismas.
-¿Y le tiene confianza a los genéricos?
-Sí, aunque tardan más en hacer efecto. No hay de otra.
En torno a los genéricos, se bordarán otras historias…
- Metronidazol (antibacteriano utilizado para diversas infecciones): 200%
- Isoniazida y Rifampicina (fármacos para el tratamiento de la tuberculosis): 150%
- Moxifloxacina (antibiótico): 200%
- Amoxicilina (antibiótico): 250%
- Fosfomicina (antibiótico): 200%
- Ácido Clavulónico (inhibidor): 250%
- Fluorouracilo (usado contra el cáncer): 200%
- Vincristina (usado contra el cáncer): 300%
- Metrotexato (antirreumático): 250%
- Ciclofosfamida (utilizado contra el cáncer y enfermedades renales): 300%.
- Biomesina (trastornos gastrointestinales): 200%.
- Clonazepam (sedante y anticonvulsionante): 200%
- Atenolol (presión arterial): 300%
- Ambroxol (expectorante): 250%
- Metadona (adicción a narcóticos y dolor intenso): 300%
Fuente: IIJ de la UNAM
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