Avanzar hacia un mejor sistema jurídico con participación ciudadana, objetivo del TEPJF

“El reto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es seguir abriéndose a la sociedad, a través de más efectivos canales de comunicación, para fortalecer a la institución y permitir que se cumplan con uno de sus objetivos, acercarse a una ciudadanía informada, participativa y constructiva”, destacó el magistrado de la Sala Superior de este órgano autónomo del poder Judicial, Felipe Fuentes Barrera.

En el marco de la ceremonia de Premiación del Décimo Concurso Nacional de Ensayo en Materia de Justicia Electoral Abierta, que se llevó a cabo en el Aula magna José Fernando Franco González Salas de la Escuela Judicial Electoral (EJE), en colaboración con la Universidad de Guadalajara (UdeG), el magistrado Fuentes Barrera subrayó que el acercamiento “con la ciudadanía permite una mejor construcción de ideas y aportaciones en temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales”.

Asimismo, el magistrado apuntó que este tipo de eventos abre caminos para “contar con trabajos innovadores que permitan avanzar hacia un mejor sistema jurídico y democrático, así como a una mayor participación de la ciudadanía”.

Uno de los objetivos que son esencia en el sistema de trabajo del Tribunal Electoral es el de “fomentar la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública”.

Por su parte y en representación del magistrado presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón, la coordinadora general de la Oficina de la Presidencia de este órgano autónomo, Irma Méndez de Hoyos, destacó que “esta décima edición del Concurso Nacional de Ensayo es parte del compromiso institucional permanente con los jóvenes y con la sociedad, para que desde una mirada crítica se analice la labor del Tribunal”.

Méndez de Hoyos Subrayó que en el TEPJF “se tiene presente que la justicia es, sobre todo, un servicio a la sociedad, que implica aportar a la convivencia pacífica y resolver conflictos por las vías legales. Asimismo, la justicia abierta es el modelo que permite hacer efectivo el derecho de la ciudadanía a estar informada y exigir explicaciones de las decisiones que la afectan”, comentó.

En la misma línea, refirió que a través de este concurso se reflexiona sobre temas cruciales para la democracia, como la transparencia, la cual se debe ver, subrayó, como piso mínimo para lograr las sociedades que se anhelan.

En el mismo tenor se expresó el director general de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Jorge Sánchez Morales, quien resaltó que en cada uno de los trabajos presentados se percibió el interés de los participantes de coadyuvar con el TEPJF a través del intercambio de ideas, para seguir impulsando un modelo abierto de justicia electoral.

Sánchez Morales apuntó que el Tribunal Electoral “busca día a día consolidarse como un tribunal abierto, que promueve la transparencia en las decisiones judiciales, la apertura institucional, así como la inclusión de la diversidad de voces y perspectivas en el proceso electoral, por medio de los principios de justicia, imparcialidad, equidad y legalidad”.

GALARDONADOS

La ganadora del primer lugar en la categoría de 18 a 29 años, Jaquelina Hernández González, reconoció que el concurso exhibe el compromiso institucional para incluir las opiniones de la ciudadanía en el propio Tribunal.

El segundo lugar del evento, Édgar Bruno Díaz Castro, reconoció a las y los organizadores del concurso como pilares fundamentales para fomentar la participación política, social y literaria de la sociedad.

En la misma línea se expresó José Ángel Yuen Reyes, ganador del primer lugar en la categoría de 30 años en adelante, quien destacó que es importante confiar en los procesos, en las instituciones y participar en actividades como este Concurso de Ensayo. A su vez, la ganadora del segundo lugar, María Dolores Serrano Luna, agradeció a las y los organizadores por sumarse a prácticas de apertura institucional y dar impulso a su ejecución.

El jurado calificador estuvo integrado por Hilda Villanueva Lomelí, jefa de la Unidad de Protección del Patrimonio Intangible y presidenta del jurado; Laura Guadalupe Zaragoza Contreras, del Consejo Editorial de la Administración Pública del Estado de México; Miguel Covián Andrade, consultor y asesor especializado en asuntos políticos y constitucionales; Francisco Javier Díaz Revorio, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, y Ernesto Gerardo Castellanos Silva, integrante de la Junta Académica del Doctorado en Derechos Humanos del Cutonalá.