Balean a anciano, le achacan homicidio y, encarcelado, la delincuencia le quita su casa

Rogelio Barajas Contreras, septuagenario, estaba en su casa la noche del 1 de septiembre de 2019 y se disponía a dormir cuando escuchó una balacera. Una bala lo alcanzó en la clavícula derecha; no sabía que su hermana había sido alcanzada también por los proyectiles y que éstos provenían de la calle, de una trifulca iniciada a 300 metros de su hogar. En la misma habían apuñalado a un joven hasta matarlo.

El domicilio en la calle de Pedro Moreno 289, en el centro de Acámbaro, se convirtió en escenario de la reyerta armada cuando dos sujetos llegaron hasta la puerta, tratando de derribarla; ambos estaban disparando. Lo originó y cómo terminó el enfrentamiento armado es algo que las autoridades no investigaron. Los ancianos heridos estaban sangrando en el suelo y como pudieron pidieron ayuda por teléfono para ser llevados al hospital.

En menos de dos años y a partir de esos hechos, Rogelio pasó de víctima a sentenciado por homicidio. No recibió nunca apoyo legal y sus escritos solicitando ayuda cayeron en oídos sordos. Sólo vio una vez a su abogado de oficio, el día que le dijo “mañana te sentencian”; igual con otro abogado de la oficina de Alejandro Encinas que le escucho y luego desapareció.

Dos ancianos caen heridos de bala y pierden su hogar

Quienes armaron la balacera frente a la casa de Rogelio aquel 1 de septiembre de 2019 eran integrantes de la delincuencia organizada en Acámbaro, Guanajuato, donde gobiernan de facto.

Tan inmunes son que además de achacarle un muerto por arma blanca a Rogelio, le invadieron su casa en los siguientes días. Primero la vaciaron, arrancaron puertas y ventanas, y después la invadieron.

La balacera ocurrió a las 21 horas, momento en el que Martha, de 83 años y hermana de Rogelio, se encontraba en la cocina ubicada de la planta baja de su domicilio, terminando sus labores cotidianas. Fue ella la primera en recibir el impacto de las balas. Recibió un tiro en la cabeza, a nivel parietal que al día de hoy la tiene con hidrocefalia y trastornos constantes. Tuvo un infarto cerebral que le dañó el área de lenguaje.

Rogelio también cayó herido esa noche, fue llevado al Hospital Regional de Acámbaro de donde salió el día 10 del mismo mes.

Al caminar por el estacionamiento unos sujetos sin identificación lo agarraron y lo metieron en un coche; le dijeron a sus familiares que debían llevarlo “a clasificar sus lesiones ante el médico legista”… pero al siguiente día despertó en el CERESO de Acámbaro. “Mi hermano fue llevado allí en deplorables condiciones de salud pues la bala nunca le fue extraída”, relata su hermana.

Luego vino un proceso legal en el que este anciano fue el gran ausente: Cuando ocurrió la sentencia y sin un abogado que lo defendiera, el juez dictamino prisión de 25 años y un pago por el deceso de un joven asesinado con arma blanca, Juan Jiménez Núñez, por 513 mil 450 pesos, además de una multa de 21 mil 122 pesos con 50 centavos.

Al día de hoy no hay un solo detenido por la balacera que constan en la carpeta de investigación 92346/2019. Las autoridades de procuración de justicia en ese estado simplemente no han investigado: no hicieron nada, nada, nada”.

Rogelio preparó cartas para explicar a las autoridades que sus abogados de oficio ni siquiera hablaban realmente con él; el inicial, Francisco Martínez Pacheco, nunca inició una defensa porque dijo que nunca vio el expediente; la segunda, Carolina López Cornejo, viajó desde Celaya una vez solo para decirle “mañana será la audiencia donde usted será sentenciado”.

La familia del joven acuchillado presentó testigos que recitaron como con guión las acusaciones. Resulta además que esos jóvenes testigos ya no están, al parecer todos murieron en posteriores reyertas.

El joven asesinado, del que la familia Barajas no sabe nada, había sido agredido como a 300 o 500 metros de distancia del hogar de los ancianos.

La defensa tenía un caso fácil para ganar: el MP debía probar que Rogelio había llegado al sitio del apuñalamiento, que la herida de bala no le había impedido matar al joven y que la versión de la balacera no desacreditaba su tesis de que el anciano era un asesino… pero algo pasó porque MP y abogados de oficio se las ingeniaron para declarar culpable a Rogelio.

Para que Rogelio y su familia estuvieran presentes lo menos posible en el juicio, se pretextó el tema de la pandemia Covid… lo que suena absurdo cuando están a punto de achacarte un asesinato y condenarte en ausencia.

Cuando el juez dictó sentencia, dictaminó además una cantidad de dinero para compensar a los familiares del muerto, quienes se han dedicado a acosar a las hermanas y al mismo Rogelio para que paguen “o de lo contrario impedirán que el anciano salga de la cárcel”.

Para Rogelio y sus hermanas este no es un punto complicado: no tiene para pagar e incluso perdieron su hogar por la posterior invasión de los maleantes.

“Nunca tuve defensa, nunca fuimos tomados en cuenta, nunca se reparó el daño que sufrimos cuando la agresión de la casa y solo se me culpó de un homicidio que no cometí”, señala Rogelio.

“Soy un anciano que están dejando morir en prisión”

Otra de las hermanas, Luz Barajas Contreras, refiere todos los pasos que han dado para tratar de ser escuchados. Hasta ahora todos los ignoran, incluida la Presidencia de la República, la CNDH, la oficina de Alejandro Encinas y muchas más. Todas la oficinas que presuntamente están vigilando que en las cárceles no hay gente que no debe estar, sellan de recibido y desaparecen. Los tres ancianos Barajas, dos disminuidos seriamente por las heridas de balas, no son rivales para un sistema legal que no los quiere ver.

Hace poco Itzel Orijel los contactó a nombre de la Secretaria de Gobernación y prometió que le enviaría un machote para hacer un escrito y solicitar “prisión domiciliaría para mi hermano que está en prisión”, algo a lo que Rogelio, ya sin pensar en si es culpable o no, tendría derecho por la edad y por su salud. Luego de aquella promesa, como en otros casos, el funcionario desaparece y la familia se siente nuevamente en el desamparo total.

El hogar familiar se perdió por la invasión. Nadie de la familia se ha acercado a la casa que los delincuentes tienen invadida, “tenemos miedo”. Vecinos les han informado que los saqueadores de la casa han incluido policías.

Por la invasión de la casa no han presentado denuncia alguna “tenemos miedo, estamos desprotegidos”, dice la anciana Luz. Difícil no entenderla después de lo que han vivido sus hermanos.

Una carta de Rogelio a Crónica, concluye “a la fecha no sé por qué se me fincó el delito de homicidio de esa naturaleza ni porque a la agresión que sufrimos en mi casa no se le dio seguimiento”.

En las sobrepobladas cárceles de México, en el estado gobernado por el panista Sinhue y ya con una un presunto programa de liberaciones para evitar este tipo de casos, Rogelio manda un mensaje: “Nunca tuve defensa y estoy preso a mis 75 años por un delito que no cometí”.

Así la justicia.