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La supervisión y control de la actividad minera no sólo recae en las Secretarías de Economía y del Trabajo. Otras seis dependencias federales emiten autorizaciones relacionadas con la operación de concesiones y, conforme a la normatividad, tienen facultades para denunciar anomalías y solicitar cancelaciones.
Sin embargo, a la luz de la documentada clandestinidad en minas y de las recurrentes desventuras familiares, su accionar es nulo...
“No hay coordinación institucional, empezando por quien abre la primera puerta: Economía, que otorga concesiones sin investigar siquiera si los terrenos están en un área natural protegida o en una comunidad indígena”, describió Dolores Rojas, integrante de “Cambiémosla ya”, colectivo enfocado a impulsar cambios en la Ley Minera, y coordinadora de programas sobre derechos humanos y medio ambiente de la Fundación alemana Heinrich Boll.
Economía es la encargada de otorgar concesiones y regular el sector y, la STPS, de la seguridad laboral. Pero, tras revisar las leyes en la materia y expedientes de mineras vigentes, Crónica detectó la participación directa de otras instituciones.
La Comisión Nacional del Agua interviene en el cobro de derechos por uso de agua; la Secretaría de la Defensa Nacional en las licencias para la utilización de explosivos; el Registro Agrario Nacional en la tenencia de la tierra; el IMSS en la seguridad social de los trabajadores y el cobro de primas en caso de accidentes; la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, en el cobro de derechos por cada hectárea concesionada, conforme a la Ley Federal de Derechos; y la Semarnat en la regulación ambiental y el aval de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
“El concesionario no puede mover nada si no tiene dos cosas: el uso de cambio de suelo, y la MIA. Puede tener una concesión, pero si no cuenta con ese documento, no puedo mover ni un pedazo de tierra”, aseguró Eduardo Flores Magón, destituido de la Dirección General de Minas.
-El problema -apuntó Dolores Rojas-, es que las manifestaciones de impacto, donde se deben señalar afectaciones y plan de mitigación, lo hacen las propias empresas y ocultan la realidad, a veces con muy mala leche: borran la existencia de pueblos, de recursos naturales, de cuerpos de agua. Semarnat sólo las evalúa, son una especie de pase automático, producto de una corrupción sistémica.
-¿Cómo debería de ser?
-Antes de dar una concesión, Economía tendría que visitar la zona y hacer consultas con la gente. Nunca lo han hecho, por eso han comenzado a prosperar amparos interpuestos por ejidatarios. Hay omisiones y opacidad.
-¿Opacidad?
-Cuando hemos realizado nuestras investigaciones ha sido imposible acceder al listado nacional completo de minería, nos han pedido siete millones de pesos para proporcionarlo. Lo mismo en el caso de los estudios de geoquímica de sedimentos, realizados por el Servicio Geológico Mexicano, y que sirven para medir el potencial minero, lo vendían en 17 millones de pesos. Se oculta mucha información, hasta en cuestiones fiscales.
-¿Cómo cuál?
-Economía tampoco reporta cuánto extrae cada empresa, y por eso se desconoce cuánto pagan de impuestos. Teniendo esa información se acabaría el mito del supuesto desarrollo para las comunidades. Si fuera cierto, ¿por qué donde se explotan minas están los municipios más pobres del país?
De acuerdo con datos de la SE, los impuestos de las mineras -contabilizando las vinculadas al oro, con un pago del 8 por ciento, y las de plata, con un pago del 7.5 por ciento- representan para el país entre 5 y 6 mil millones de pesos al año.
En el total descuido, otra pieza asoma en este rompecabezas sombrío: la incursión criminal. Para algunos, prueba del vacío institucional; para otros, argucia empresarial.
-¿Son pobreza y necesidad los únicos factores que obligan a las personas a trabajar en estas condiciones de abandono y alto riesgo? -se preguntó a la activista Cristina Auerbach, quien lleva 16 años trabajando a favor de las familias de la región carbonífera de Coahuila.
-Es también un asunto cultural, los pueblos se formaron en torno a las minas, hay una apropiación cultural. Muchos jóvenes ya no quieren ir a las minas, prefieren la maquiladora, pero los hombres de 40 y más están acostumbrados a la mina, saben del peligro, pero les pagan más que en la maquila: en el Pinabete ganaban 5 mil pesos a la semana, cuando en las fábricas el sueldo es de mil 500. Laboran a destajo, unas pocas horas en la mañana: 5 o 6, y se van. Y, además, en los pozos toman alcohol y consumen drogas, son los mismos empresarios quienes les llevan cerveza.
-¿Qué hay de la versión de que hay minas operadas directamente por el narco u organizaciones criminales?
-Eso se ha manejado, pero en mi caso es otro el hallazgo: cuando pasa algo en una mina, siempre me mandan mensajes: “¡no vayas, porque es de tal grupo criminal!”. Pero vas descubriendo que detrás están políticos. Son versiones que corren los mismos empresarios del carbón y politiquillos para no ser inspeccionados ni verificados ni cuestionados. Alejan así las miradas.
-¿Algún brazo debe haber por la circulación de droga?
-Es consumo hormiga. Le pregunté a una de las viudas de Ranchería (en junio del año pasado siete mineros murieron ahí): ´¿por qué tu esposo aceptaba trabajar ahí?´, y me respondió: ´porque ahí podía consumir droga´…
Fue distinta la opinión de Manuel Fuentes, abogado de la familia Pasta de Conchos:
“El olvido gubernamental propicia minas manejadas por cárteles, donde nadie se acerca; los inspectores dicen: ´ahí no me puedo meter, porque están los capos´. Me han dicho familiares: ´aquí todos los jóvenes consumen droga´. El narco está por todos lados.
-¿Grupos delincuenciales explotando de manera directa?
-Sí, se apropian de los centros de trabajo con amenazas, o es explotación directa en pocitos. Otros aparecen como titulares, pero, en la práctica, ellos operan.
-¿Y dónde para lo que extraen?
-En la CFE, no hay otro lugar, ese tipo de carbón sólo sirve para la Comisión.
¿ILEGALIDAD?
Sin inspectores ni verificadores -la Secretaría del Trabajo ha recortado a más de 500 por las medidas de austeridad-, las carboneras burlan las suspensiones laborales. La STPS ha presentado ya siete denuncias por incumplimiento a la restricción de acceso.
“La salida no es cancelar concesiones, sino aplicar la ley y coordinar a todas las instituciones de gobierno para garantizar un funcionamiento seguro y ordenado”, señaló el especialista en derecho minero Francisco Javier Moreno Peñaloza, quien ha calificado el congelamiento de permisos como ilegal y ha respaldado la hipótesis de esta parálisis como detonadora de mayor clandestinidad en el sector.
“Otorgar concesiones es un derecho establecido en el párrafo sexto del artículo 27 constitucional, también lo especifica la Ley Minera, siempre y cuando se cumplan todos los requisitos. Se está frenando el desarrollo económico. La negativa es usada como bandera política para crear empatía con los grupos afectados por esta actividad”.
Desde un ángulo opuesto, Dolores Rojos, de ´Cambiémosla Ya´, urgió cambios en la Ley Minera:
“En su artículo sexto establece que la minería es preferente y de utilidad pública, pero a la luz de la situación actual, ya no es posible mantener este precepto, no puede estar por encima de los derechos humanos y ambientales”.
“Ya no es viable otorgar concesiones por 50 años cuando bastan unos cuantos para causar muertes y desaparecer paisajes y comunidades; es necesario hacer efectiva la libre determinación de los pueblos y respetar el derecho a decidir sobre sus territorios, eliminar los privilegios de las empresas para el acceso a tierra y agua, respetar áreas naturales y transparentar la información, para saber cuánto se saca y cuánto se paga”…
OTRA FIGURA
La Ley Minera contempla otorgar “asignaciones” al Servicio Geológico Mexicano por 6 años, para desarrollar trabajos de exploración; después de ese lapso puede ceder las hectáreas involucradas a un particular, a cambio de regalías o de un monto por el trabajo realizado.
Sonora 3.3
Durango 1.7
Chihuahua 1.6
Zacatecas: 1.4
Coahuila: 1
Jalisco: 1.3
Sinaloa: 830 mil
Michoacán: 783 mil
Guanajuato: 245 mil
Guerrero: 740 mil h
Otros: 3.7
Fuente: Secretaría de Economía
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