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Los diputados de Morena propusieron reformas al código penal y civil del Estado de México para endurecer penas a los deudores alimentarios e imponer hasta dos años de prisión a aquellos hombres que abandonen a mujeres en estado de gravidez. La propuesta fue presentada ante el pleno de la LXI Legislatura y en ella se establece que anualmente en el Estado de México se presentan más de 12 mil juicios por pensión alimenticia, ya que los infractores se resisten a cumplir con sus obligaciones.
El diputado Daniel Sibaja, señaló que se estima que tres de cada cuatro menores hijos de padres separados no reciben pensión.
Explicó que la iniciativa es impulsada por Diana Luz Vázquez, madre de una menor que durante más de cuatro años ha estado sin recibir pensión alimenticia, y quien ha iniciado una campaña para promover una ley que castigue el incumplimiento de las obligaciones alimentarias que afecta a millones de niñas y niños en el país.
La Ley Sabina, dijo el legislador de Morena, es una propuesta que busca garantizar el reconocimiento de la paternidad, así como sancionar ejemplarmente a los deudores alimenticios, y en su caso a los padres que abandonen a sus hijos e hijas antes del nacimiento.
De acuerdo a ls propuesta que fue turnada a comisiones, se establecen sanciones para el que sin motivo justificado abandone a la mujer en estado de gravidez y se acredite su paternidad legalmente.
Se indica que a los infractores se le impondrá pena de seis meses a dos años de prisión y multa de ciento cincuenta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, así como la pérdida de los derechos inherentes a la patria potestad, custodia o tutela y a heredar, si estuviere en aptitud legal para ello, después de haber ocurrido el nacimiento.
Las sanciones se incrementarán en un tercio, cuando por el abandono se produzca cualquier tipo de lesiones a la mujer en estado de gravidez o al producto en periodo de gestación. Y sí como resultado de las lesiones resultare la muerte del producto o de la madre en estado de gravidez, se incrementarán hasta la mitad, siempre y cuando se compruebe la paternidad del sujeto activo, indica la iniciativa.
Otra de las medidas propuestas establece la obligatoriedad para que en caso de un trámite de matrimonio, el Registro Civil proporcione a los futuros contrayentes información si alguno de ellos se encuentra inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
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