El procurador Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar Romero, informó que el 28 de junio pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) concluyó que “no había elementos para determinar que se habían afectado los Derechos Humanos” de la persona que promovió una denuncia por presunto acoso laboral y sexual en su contra.
Al hablar sobre las acusaciones respecto a estas acusaciones, explicó que “la CNDH dio vista al Órgano Interno de Control de la Procuraduría, de la Función Pública, que estoy enterado que está realizando una investigación en el mismo sentido”, conforme lo indica la vía administrativa para estos casos.
Al participar en la conferencia matutina presidencial, el servidor público afirmó estar dispuesto para que, “de manera inmediata, yo pueda participar y contribuir con lo que se me solicite”.
Ante el presidente de la República informó que ha tomado las medidas convenientes a través de un despacho externo, “para realizar lo que a derecho corresponde en mi caso; yo soy primer interesado, créanme, en que se conozca la verdad”, aseguró.
Hace falta promover cultura laboral diferente
De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), hace falta promover claramente una cultura de respeto a los DH de todos los trabajadores, hay elementos culturales que hoy implican 17 probables conductas causales de queja o denuncia.
Durante el 2022, los 314 Comités de Ética (CE) de las dependencias de la Administración Pública Federal (APF) existentes en esa fecha recibieron 505 denuncias relacionadas con hechos de hostigamiento sexual o acoso sexual.
La Secretaría de Marina encabezó la lista, con 64 quejas; seguida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 47 querellas; y en tercer sitio el Colegio de Bachilleres, con 30 acusaciones, entre otras.
De las 505 denuncias por hostigamiento sexual y acoso sexual presentadas ante los CE de 112 dependencias y entidades de la APF durante 2022, 326 denuncias fueron concluidas.
En 178 casos los CE emitieron pronunciamientos que incluyeron acciones de capacitación para toda la institución, para un grupo de la institución, o bien, sólo para la persona denunciada.
También involucraron acciones de sensibilización y difusión específicas para toda la institución, para un grupo de la institución o sólo para la persona denunciada; y, propuestas sobre acciones para corregir o mejorar el clima organizacional en el proceso de trabajo de la dependencia.
Inmujeres reveló que de las 505 denuncias presentadas ante los CE el 62 por ciento (311 casos) ocurrieron en los espacios de organismos públicos de naturaleza administrativa o de servicios públicos.
También en organismos que brindan servicios de naturaleza educativa como escuelas, u universidades; mientras que el 17 por ciento (88 casos) ocurrieron en centros de trabajo en los que se brinda asistencia o servicios para la familia, centros de trabajo de naturaleza laboral y político electoral, y donde se brinda asistencia o servicios de comunicación social o análogos.
Fue documentado que 44 casos ocurrieron en el sector salud y de seguridad social, mientras que 58 casos no especificaron el ámbito de ocurrencia.
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