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La corrupción, inseguridad y los costos regulatorios son los principales obstáculos que enfrentan los empresarios en México para abrir y operar un negocio, lo que les condenas a un período de vida menor a 3 meses, reveló el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Al presentar el diagnóstico “La odisea de abrir un negocio en México”, realizado por Ethos Innovación en Políticas Públicas desarrolló, con el apoyo del CCE y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en México, se detectó que 11 de los 15 municipios consultados, la inseguridad resultó “el obstáculo más grande que tienen las empresas al momento de operar”.
Señalaron que Puebla es la entidad donde enfrentan mayor inseguridad y corrupción.
“En algunos casos estas extorsiones son muy graves y ponen en riesgo no solamente la sobrevivencia de los mismos negocio sino también la integridad de las personas”, advirtió Liliana Alvarado, directora general de Ethos -organismo que dedicado a estudios empresariales junto con el CCE.
A través de una encuesta aplicada a 2,250 micro, pequeños y medianos empresarios, se detectó que el crimen organizado llega solicitar hasta el 50% de los ingresos mensuales de los pequeños negocios, “por donde lo queramos ver resulta escandaloso”. expresó Alvarado.
Liliana Alvarado, directora general de Ethos -organismo dedicado a estudios empresariales-, afirmó que “en algunos casos estas extorsiones son muy graves y ponen en riesgo no solamente la sobrevivencia de los mismos negocio sino también la integridad de las personas”.
En tanto que Javier Treviño, director del CCE, confirmó que abrir un negocio es más complicado de lo que parece.
Pese a la implementación de herramientas como el Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SARE), los emprendedores—alertó-- siguen enfrentando una serie de obstáculos que van desde la burocracia, trámites costosos y tardados, hasta inseguridad a la hora de comenzar a operar.
El CCE refirió que los emprendedores toman en cuenta 7 pilares para abrir un negocio: 1) problemas regulatorios; 2) servicios básicos e infraestructura deficientes; 3) incertidumbre jurídica; 4) instituciones poco confiables y procuración de justicia ineficiente; 5) inseguridad; 6) corrupción, y 7) carga fiscal elevada, gasto público y financiamiento limitados.
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