Corte da entrada a análisis de demandas contra reforma electoral

Las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra el llamado plan B de la reforma electoral cuya iniciativa es del presidente Andrés Manuel López Obrador fueron turnadas al ministro Alberto Pérez Dayán, quien deberá determinar si concede o no la suspensión de lo aprobado por Morena y su coalición en el Congreso de la Unión.

Las demandas contra la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidades Administrativas fueron presentadas por diputados y senadores. Los expedientes son 29/2023, interpuesta PRD. El 30/2023, por el PAN. El 31/2023, por el PRI. El 37/2023, por la Cámara de Diputados y el 38/2023, por la Cámara de Senadores, además de la que interpuso el propio Instituto Nacional Electoral (INE) y de un ayuntamiento, que están pendientes de turnarse a otro ministro del máximo tribunal del país.

Las inconformidades son porque en las reformas a la Ley de Comunicación Social se estableció como tope máximo 0.1 por ciento a municipios y Federación en su programa de comunicación social.

En el segundo caso, en cuanto a la reforma de la Ley General de Responsabilidades Administrativas se inconforman los demandantes ante la posibilidad que tienen los servidores públicos, bajo el argumento del derecho a la libertad de expresión, de hacer campañas sin observar las vedas electorales.

En la Cámara de Senadores aún está por discutirse una porción de la reforma electoral, la que tiene que ver con el rechazo a la llamada “vida eterna”, es decir, la transferencia de votos de un partido a otro cuando vayan en coalición en elecciones, una propuesta que planteó el Partido Verde Ecologista de México y que fue desechada por el pleno de la Cámara de Diputados y pasó al Senado en diciembre pasado y aún no discute, sino hasta finales de este mes.