Corte tiene hasta julio para resolver impugnaciones al Plan B de AMLO: IBD
Hasta el 1 de febrero pasado se han presentado al menos seis recursos contra el Plan B ante el Poder Judicial donde los inconformes alegan principalmente violaciones al proceso legislativo y afectaciones a la autonomía del INE.
ley más impugnada
La Corte tiene hasta el 23 de julio para resolver las impugnaciones al plan B de AMLO
Perfilada como como la reforma más impugnada de la historia, el Plan B en materia electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador será retomada esta semana en el Senado para la discusión y eventual aprobación del paquete que quedó pendiente que, entre otras cosas, plantea la compactación y reestructuración del INE, así como la eliminación de la llamada cláusula de “vida eterna a partidos pequeños” impulsada por el PVEM en la que se permite transferir votos a los partidos para que mantengan su registro aunque no hayan logrado la votación del 3 % establecida por la ley electoral.
Hasta el 1 de febrero pasado se han presentado al menos seis recursos contra el Plan B ante el Poder Judicial donde los inconformes alegan principalmente violaciones al proceso legislativo y afectaciones a la autonomía del INE.
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De acuerdo al análisis “Aspectos del proceso legislativo de la Reforma Electoral (Plan B)”, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD) la SCJN deberá resolver sobre la constitucionalidad y validez de estas reformas antes de junio de 2023, para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024 y la estabilidad política del país.
Para invalidar el Plan B se requeriría que una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros de la Corte voten en ese sentido.
La Constitución en su artículo 105 prohíbe realizar cambios a normas electorales 90 días antes del inicio de los procesos electorales federales, por lo que, a partir de junio, el Congreso estará impedido de realizar modificaciones de este tipo.
De acuerdo con la legislación vigente, el proceso electoral federal de 2024 inicia formalmente el 1 de septiembre de 2023 (aunque la Reforma Electoral plantea postergarlo a la tercera semana de noviembre).
El llamado Plan B ya se perfila para ser la reforma electoral más impugnada en la historia con un juicio de amparo en contra de la reforma, cuatro acciones de inconstitucionalidad por parte de partidos políticos de oposición y diversos legisladores, así como una controversia constitucional del INE contra las modificaciones legales en materia de propaganda gubernamental.
La investigación del IBD identifica que los actores inconformes de la reforma señalan principalmente violaciones al proceso legislativo y argumentan que las modificaciones propuestas ocasionarían el debilitamiento del INE, inequidad en las contiendas por la intervención de servidores públicos e, incluso, que ponen en riesgo la organización del proceso electoral de 2024.
Por otro lado, el estudio recupera algunos de los argumentos del gobierno y sus bancadas en el Congreso a favor del Plan B, en donde se encuentran aspectos como la austeridad que, según calculan, generaría un ahorro superior a los 3 mil millones de pesos en los procesos electorales.
El estudio del IBD considera que la SCJN deberá resolver constitucionalidad y validez del Plan B antes de junio de este año, para preservar la certidumbre del proceso electoral de 2024.
Se espera que el paquete de reformas relativo a las normas electorales que será retomado esta semana en el Senado, provoque e un mayor número de acciones jurídicas y sociales, pues todos los actores que promovieron acciones de inconstitucionalidad contra la reforma en materia de propaganda gubernamental adelantaron que harían lo mismo con las reformas electorales una vez que fueran publicadas.
Adicionalmente, los partidos políticos de oposición y diversas organizaciones de la sociedad civil han convocado a una marcha el 26 de febrero de 2023 en el zócalo capitalino en contra del llamado Plan B.
El INE, por su parte, además de la controversia constitucional presentada el 1 de febrero de 2023 en contra del decreto en materia de propaganda gubernamental, ha comenzado una intensa campaña para dar a conocer los efectos de la Reforma Electoral discutida por el congreso y ha anunciado que presentará recursos legales ante lo que considera la primera reforma regresiva de la democracia.
Hasta antes del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de febrero de 2023, el Plan B ha sido aprobado de manera parcial por el Congreso.
De los dos paquetes de reformas que conforman al Plan B, solo el relativo a la flexibilización de las normas de propaganda gubernamental fue publicado por el Ejecutivo el 27 de diciembre de 2022 y ha sido impugnado mediante distintos medios de control constitucional.
El segundo paquete de reformas que plantea la reestructuración y compactación del INE aún debe ser discutido y aprobado por el Senado en su calidad de cámara revisora.
Diversos actores políticos y el INE han anunciado que interpondrán una acción de inconstitucionalidad debido a que consideran que estas reformas debilitan a la autoridad electoral y ponen en riesgo la organización de los comicios de 2024.