El decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que revocar permisos y niega nuevas autorizaciones de uso y liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado para consumo humano, sin una justificación basada en evidencia científica, representa un riesgo para la competitividad del país y pone en duda el compromiso de México con sus obligaciones comerciales en e marco del T-MEC y con el Estado de Derecho.
Así lo advierte el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) quien recalca que la medida decretada por el presidente López Obrador que entró en vigor este martes 14 de febrero, representa un riesgo para la competitividad del país al poner en juego el cumplimiento de sus obligaciones comerciales.
“La medida entra en conflicto con obligaciones comerciales firmadas no sólo con los socios comerciales de América del Norte, sino con los miembros de la Organización Mundial del Comercio y el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), cuyo artículo XI prohíbe las restricciones a la importación de productos sin una debida justificación”, alerta.
El IMCO advierte que esta medida también sienta un precedente para la implementación de restricciones arbitrarias a la importación de productos adicionales: en materia del maíz amarillo para consumo pecuario e industrial, el mismo decreto establece que se deberá hacer una sustitución gradual de su uso en el país, lo cual resulta ambiguo para la facilidad de sus importaciones en el futuro.
Como consecuencia, de ello –agrega--reduce el potencial para una mayor integración con América del Norte, y representa un obstáculo en el camino a convertirse en la región más competitiva del mundo.
Para Estados Unidos -principal socio comercial de México y uno de los miembros del T-MEC-, el comercio del maíz amarillo con México es un eje fundamental, ya que 26% de sus exportaciones de este producto (con un valor de más de 19 mil millones de dólares en 2022) se dirigen al país.
Esta cifra es particularmente relevante para los estados de Illinois e Iowa, quienes envían 77% y 66% de sus exportaciones de maíz a México.
Si bien el uso principal del maíz amarillo en México está destinado al consumo animal (78% de la demanda total está dirigido al consumo pecuario), 2 de cada 10 toneladas de ese maíz en el mercado doméstico se destinan al consumo humano, el autoconsumo o a la industria almidonera (que produce derivados del maíz para consumo humano, como fructosa o harinas).
En 2022, la producción nacional de maíz amarillo, de 3 mil 183 millones de toneladas, fue 20% menor a la suma de la demanda para consumo humano, autoconsumo e industria almidonera (que ascendió a 4 mil 17 millones de toneladas).
El decreto establece que las dependencias de la Administración Pública Federal deberán abstenerse de adquirir, utilizar e importar el maíz genéticamente modificado o el glifosato en el marco de programas públicos o actividades de gobierno. Además, ordena a las autoridades de bioseguridad revocar y abstenerse de otorgar permisos para el uso e importación de maíz genéticamente modificado para la alimentación humana, así como para el uso de las semillas de maíz genéticamente modificado y el glifosato o productos que lo incluyan.
A pesar de que no se establece una prohibición a la importación y el uso del maíz transgénico destinado al uso animal e industrial, sí se especifica que se deben realizar acciones encaminadas a la sustitución gradual de dicho producto, acusa el IMCO
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