Demandas laborales millonarias por reforma, dicen en el PJF

Con los foros en marcha rumbo a Reforma del Poder Judicial, la Suprema Corte advirtió sobre una serie de riesgos así como costos millonarios y de procuración de justicia asociados a esta iniciativa del presidente López Obrador: La elección de jueces, magistrados y ministros tendrá un costo aproximado de 22 mil millones de pesos para los mexicanos, según estimaciones del Poder Judicial.

El tema será abordado desde este martes en el Foro a realizarse en Toluca. Por lo pronto, el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier, ha asegurado que, en lo laboral, la aplicación de la Reforma habrá de apegarse a la Ley, además de que esto no significará un retraso en su implementación.

El análisis en la Corte

En un documento denominado Análisis de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación, la SCJN que encabeza, la ministra Norma Piña, advierte que en la elección de impartidores de justicia programada para el 2025, se coloca a los candidatos a jueces, magistrados y ministros en grave riesgo y situación de vulnerabilidad ante los graves riesgos de inseguridad, amenazas y ejecuciones relacionados con los grupos criminales. Alude lo que sucedió en el reciente proceso electoral del 2 de junio donde asesinaron a más de un centenar de aspirantes y candidatos de todos los partidos.

“Al igual que las y los candidatos de partidos políticos, los candidatos a ocupar cargos jurisdiccionales correrán un riesgo, sin garantías o medidas especiales de seguridad y protección, de que durante las campañas sufran agresiones, como amenazas, intimidaciones, hostigamiento, e incluso homicidio”, se lee.

En lo laboral, se advierte en el documento que el despido masivo de más de 50 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación, incluidos 6 mil 700 juzgadoras y juzgadores, representaría millonarios pagos de indemnizaciones derivados de “una cantidad inusitada de demandas laborales” y una compleja operación financiera para el pago inmediato —al que tienen derecho— de sus seguros de separación y otras prestaciones derivadas de la violación de derechos laborales.

Paralelamente, es probable que muchos casos se presenten ante la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos, lo que podría derivar en sentencias condenatorias contra el Estado mexicano. México firmó compromisos sobre el funcionamiento del Poder Judicial que quedarían en entredicho.

Sin blindaje

En el citado documento se advierte que elegir a los jueces, magistrados y ministros por elección popular representa un grave riesgos en términos de influencia indebida de intereses privados y organizaciones del crimen organizado en el proceso de elección.

Asegura que si bien la iniciativa prevé mecanismos de control para evitar la infiltración e influencia de otros actores en los procesos electorales, la experiencia mexicana muestra que no han sido tan eficaces como para evitar que otras personas influyan o se involucren en los procesos para favorecer sus intereses sobre todo en entornos locales controlados en buena medida por organizaciones del crimen organizado.

“Los mecanismos previstos por la iniciativa no blindan los procesos electorales ante tal posibilidad. La propuesta de reforma al Poder Judicial establece como encargado de organizar y vigilar el proceso de elección al Instituto Nacional de Elecciones y Consultas; sin embargo, como lo muestra la experiencia mexicana, es muy difícil asegurar que las personas candidatas y partidos políticos no realicen actos de proselitismo o reciban financiamiento ilegal, sobre todo en entornos locales controlados en buena medida por organizaciones del crimen organizado”.

Justicia entorpecida

La Corte también alerta que la elección popular de personas juzgadoras interrumpirá de manera inmediata y grave todos los procesos penales orales del país.

Detalla que el abrupto cambio de toda la judicatura federal interrumpirá inmediatamente todos los procesos penales federales activos en el país, lo cual probablemente implicará la pérdida de pruebas relevantes y afectará de forma irreparable los derechos de las partes.

De un día para otro, se agrega, habrá nuevos juzgadores penales a cargo de procesos penales ya iniciados; las nuevas personas juzgadoras deberán conducir audiencias orales, sin experiencia previa, e interactuar con fiscales y abogados y abogadas defensoras en casos que no conocerán.

“Esto se replicará posteriormente en los poderes judiciales locales de las entidades federativas”, vaticina

En este sentido, la reforma afectará el principio de continuidad, previsto en la Constitución, que ordena que el procedimiento se desarrolle sin interrupciones.

“La sustitución de juzgadores penales puede derivar en el reinicio de los procesos y consecuentemente en un retraso severo en su conclusión. Además, esta reposición puede implicar que ciertas pruebas pierdan calidad o validez con el paso del tiempo, lo que a su vez podría llevar a que la sentencia que se dicte en el juicio oral no cuente con la información suficiente y adecuada para resolver el caso”, establece.