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María Elena Pérez-Jaén Zermeño, diputada federal por el PAN, acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a denunciar el presunto robo de 650 ventiladores -con un a valor de 920.4 millones de pesos– y de un millón 50 mil mascarillas KN95 –con un costo de 40.5 millones de pesos–, equipo que se adquirió en 2020 y del cual se desconoce su destino.
La legisladora señaló que esta información se deriva del análisis y entrega de resultados de la Cuenta Pública 2020 por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Comisión de Vigilancia y Anticorrupción de la ASF de la Cámara de Diputados.
Previo a presentar su denuncia, Pérez-Jaén Zermeño informó en conferencia de prensa que el pasado 10 de marzo se hizo un exhorto a la FGR para iniciar las investigaciones correspondientes sobre la ubicación del equipo médico que no se dispuso para el sector salud cuando se hicieron pagos los adelantado para su adquisición.
"Es importante mencionar que a la fecha de la realización de la auditoría, es decir, desde diciembre de 2021, la Auditoría Superior de la Federación no contó con evidencia de la recepción de este millón 50 mil mascarillas KN95", indicó la legisladora federal.
Enfatizó que a la fecha ni el ISSSTE ni el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) han proporcionado a la Auditoría Superior de la Federación la documentación necesaria para verificar recuperaciones de recursos ni la recepción de insumos, además de que carecen de información disponible sobre los contratos de adquisición.
María Elena Pérez-Jaén Zermeño expuso que el sector salud compró en total mil ventiladores, por un monto de mil 416 millones de pesos a la empresa extranjera Viva Enterprise Limited, y 650 de esos ventiladores, que no aparecen, tienen un valor de 920.4 millones de pesos.
En tanto, a China Meheco Co, LTD se le pagó por la distribución de un millón 50 mil mascarillas o cubrebocas KN95, de lo que está acreditada su entrega al Insabi.
Ante situación, pidió que el Ministerio Público realice las investigaciones y solicite la separación del cargo de Juan Antonio Ferrer, director general del Insabi, para esclarecer el destinos de estos insumos médicos.
La diputada panista hizo un llamado a la fiscal general Anticorrupción, María de la luz Mijangos Borja, que la considera como víctima para poder coadyuvar en estas denuncias.
Pérez-Jaén Zermeño indicó que ya ha presentado una iniciativa ante la Cámara de Diputados para que los denunciantes de un hecho, que pueda ser constitutivo de un delito, sean considerados "víctimas" y puedan acceder a las carpetas de investigación.
"Presentamos ya una iniciativa en la Cámara de Diputados, para que a los denunciantes se nos considere como víctimas en estos procesos y tengamos la facultad de revisar el expediente, de saber cómo van las investigaciones, pero independientemente de eso, yo en la denuncia solicito que se me considere víctima".
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