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Una de las áreas vitales para la seguridad nacional y los esfuerzos internacionales contra desarme, terrorismo y actividades bélicas -como la de ahora entre Rusia y Ucrania- se encuentra en el abandono, acéfala y mutilada…
Se trata de la Dirección de Control de Exportaciones adscrita a la Secretaría de Economía (SE) y la cual, en el papel, debe encargarse de controlar la salida a otros países de productos susceptibles de desvío para la fabricación y proliferación de armas convencionales y de destrucción masiva, así como de conceder permisos previos a particulares o empresas para exportarlos.
Dicha Dirección, corroboró Crónica, ha carecido de un titular durante la presente administración y, con el argumento de austeridad y coordinación interinstitucional, sus funciones fueron absorbidas hace unas semanas por otro departamento ajeno a tareas operativas: el de Regulaciones y Restricciones No Arancelarias, a cargo de Vili Vázquez Aguilar.
La sección de Permisos, en la cual recae la responsabilidad específica de otorgar autorizaciones y emitir sanciones a transgresores, también ha estado descabezada. Las diversas convocatorias para ocupar la plaza, emitidas a lo largo de los últimos tres años, han sido declaradas desiertas y, de manera urgente, se han elegido encargados temporales -con base en el artículo 34 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera-, por 10 meses. “Peligran estos servicios públicos”, ha admitido la propia dependencia en sus resoluciones.
El portal Nómina Transparente sólo refiere a dos funcionarios menores abocados a esta tarea.
El descuido parece al menos inoportuno en la actual coyuntura, en la cual los departamentos del Tesoro y de Comercio -este último a través de su oficina de Industria y Seguridad- de Estados Unidos han solicitado a sus socios comerciales como México incrementar los controles de exportación a componentes tecnológicos e informáticos con el riesgo de ser dirigidos a la industria militar, aeroespacial, marítima o de inteligencia de Rusia o alguno de sus aliados en el mundo.
Y también resulta contradictorio en tiempos en los cuales el Ejecutivo federal ha exigido al gobierno estadounidense, de manera reiterada, tener mayor control sobre el tráfico de armas hacia nuestro país, y la Secretaría de Relaciones Exteriores ha promovido una demanda contra siete de las armerías más importantes de la Unión Americana por negligencia y desdén a la seguridad pública.
Un mensaje enviado a este reportero por un funcionario de la SE -identificable, pero quien pidió reservar identidad por posibles represalias- fue el origen de este trabajo. “Échale un ojo al tema de control de exportaciones, traen un desmadre con los productos que pueden escalarse y usarse como armas de destrucción masiva, los permisos se están dando sin revisión y quién sabe qué se está llevando a otros países; es un tema muy sensible y puede representar fricciones con los estadounidenses”, denunciaba.
Fue así como inició la investigación sobre un tópico desconocido, aunque considerado de seguridad nacional, en el cual intervienen, incluso, las áreas de inteligencia en México: antes CISEN y hoy CNI, además de diferentes secretarías como: Defensa Nacional, Energía, Salud y Medio Ambiente, así como la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.
Nuestro país se sumó de manera formal a la batalla mundial contra el desarme y el desarrollo de armas de destrucción masiva desde junio de 2011, mediante una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación con la cual se obligó a todos los actores de comercio a tramitar un permiso previo ante la Secretaría de Economía para exportar mercancías sospechosas en este ámbito; la dependencia abrió una dirección especial para evaluar sus características técnicas, realizar un análisis de riesgos, rastrear su trazabilidad e investigar su origen, uso, usurario y destino final. Y esa es el área hoy desmembrada…
Este paso le permitió sumarse a diversos tratados y acuerdos internacionales en la materia como el de Wassenaar, Grupo de Suministradores Nucleares, Grupo de Australia y Régimen de Control de Tecnología de Misiles, los cuales son, conforme al artículo 133 de la Constitución, de aplicación obligatoria.
Los principales productos sujetos a control se engloban en: insumos o herramientas tecnológicas (conductores, equipos de seguridad y telecomunicación, dispositivos láser y sensores), software (piezas de computadoras), partes o componentes de armas convencionales (lanzagranadas, chalecos antibalas, miras telescópicas para rifles), no convencionales (punzocortantes) o destructivas, así como los llamados bienes de uso dual.
“Los duales son insumos que se usan para bienes no sólo de carácter militar o armamentista, sino civil, como chips o procesadores de cómputo que se manejan en aviones F-22 o F-18, pero también, por ejemplo, para equipos biotecnológicos de corte civil. Siempre ha sido una preocupación de Estados Unidos, por los robos de estos elementos, que luego son encontrados en Medio Oriente o países beligerantes”, explica Mauricio Ortega, ex funcionario de la SE y SRE y experto en el tema.
“Hasta los know-how (conocimientos técnicos en un proceso de invención) o patentes de mejora para fabricar estos insumos deben controlarse, por el riesgo potencial de que caigan en manos terroristas o bélicas. Es un asunto no sólo de seguridad nacional, sino internacional. Cumplir a detalle con estos controles es una excluyente de responsabilidad para el país que expide el permiso, evita ser boletinado como terrorista por la ONU”.
-¿Y México sí es exportador de este tipo de mercancías con posibilidades de ser desviadas?
-Claro, no tenemos fabricantes de armas, pero sí empresas de alta tecnología o relacionadas con sustancias químicas o cuestiones de seguridad que fabrican estos insumos.
-¿Cuál es el riesgo de deficiencias y descontrol?
-Si se exporta un bien que pudiera estar sujeto a estos permisos y no se reporta y resulta que llega a un destinatario sin fines pacíficos, puede haber responsabilidad internacional para el país. Por ejemplo, chips de computación que se encuentran después en armamento o vehículos militares…
-Sería responsabilidad del gobierno mexicano…
-Sí, en tanto no expidió el permiso ni se cercioró del usuario y destino final. Sería grave que haya omisiones, que no se emitan correctamente los permisos, que haya laxitud en la regulación o no se revise la mercancía con este perfil. La mayoría de la información es considerada reservada por la Secretaría de Economía. Hoy, la coyuntura internacional y el tráfico de armas hacen muy importante la aplicación de estos acuerdos y obligan a un sistema sólido de control.
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