Diputada del PAN pone en FGR 11 denuncias contra el exdirector de Fonatur por irregularidades en obras de Tren Maya

Por las presuntas irregularidades de aproximadamente 389 millones de pesos relacionadas con la construcción del Tren Maya desde el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur) cuando Javier May Rodríguez era su titular, la diputada del PAN, María Elena Pérez-Jaén, presentó este lunes 11 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el exfuncionario federal y hoy candidato a la gubernatura de Tabasco.

Luego de salir delas instalaciones de la FGR, Pérez-Jaén dijo también que puso otras 17 denuncias penales en contra del exfuncionario, por irregularidades que ascienden a un monto de 227.9 millones de pesos, en los programas de Sembrando Vida; Bienestar de las Personas en Situación de Emergencia Social y Natural; Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; y Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente, y anomalías en una auditoría de cumplimiento de Tecnologías de Información y Comunicaciones; todo lo anterior, detectado cuando May Rodríguez se desempeñó como secretario de Bienestar.

La legisladora explicó que entre el 11 de enero de 2022 y el 5 de septiembre de 2023 se presentan irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Fondo de Promoción al Turismo, y de acuerdo con la cuenta pública del ejercicio 2022, que ascienden a un monto de 389 millones de pesos en las obras de construcción del Tren Maya; y 17 denuncias más por irregularidades que ascienden a 227.9 millones de pesos, en los citados programas.

María Elena Pérez-Jaén señaló que el próximo miércoles propondrá a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo para que se constituya un grupo de trabajo que analice las presuntas irregularidades y posibles desvíos de recursos en la construcción del Tren Maya, y se cite a comparecer a los extitulares del Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, al secretario de Hacienda y Crédito Púbico, Rogelio Ramírez de la O, así como al titular de la ASF, David Colmenares Páramo para que den cuenta de las irregularidades que hubieran derivado en un sobrecosto en la construcción del Tren Maya.

“Hay pagos en exceso por la diferencia del costo en la integración de diversos precios unitarios relativos a balasto, barrera central, bordillos, muros de contención, subbase, base hidráulica y carpeta asfáltica por un monto de $286,261,844. También pagos excesivos de control de calidad de los trabajos de construcción de plataforma y vía del tren maya, correspondiente al tramo Escárcega-Calkiní, en el Estado de Campeche, por un monto de $ 12,431,365.86 pesos y pagos indebidos por el incumplimiento de las especificaciones de barrera central fabricación y barrera central colocación por un monto de 10,445,333.35, entre otros”, dijo.

Sobre las irregularidades en la Secretaría de Bienestar, la excomisonada fue enfática en señalar: “el monto total de todas estas irregularidades asciende a los 227.9 millones de pesos, que hasta la fecha, desde el 2022, año en que se presentaron los resultados de fiscalización de la cuenta pública 2021, no han sido aclarados ni recuperados, y el entonces secretario de Bienestar y hoy candidato a la gubernatura de Tabasco, tiene la obligación legal de dar cuentas de todos esos recursos, cosa que, indudablemente, no podrá hacer porque, con toda seguridad, fueron utilizados con fines electorales para favorecer a Morena y sus candidatos en la elección de 2021 e, incluso, para apuntalar las aspiraciones del exfuncionario a la candidatura que hoy encabeza”.

En tanto que, respecto a las irregularidades en la construcción del Tren Maya, Pérez-Jaén abundó en que “el exdirector general y hoy candidato al gobierno de Tabasco, debió tener conocimiento de los contratos firmados en el periodo de su antecesor, pues recibió un acta de entrega-recepción de la entidad pública de la que se hizo cargo desde enero de 2022, en la que debieron detallarse tales actos jurídicos, en especial por la magnitud y valor de la obra”.