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Con el fin de que los Congresos locales no objeten el desafuero de un servidor público o gobernador que haya logrado aprobar la Cámara de Diputados, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de esta soberanía aprobó ya un dictamen para reformar la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos para que las legislaturas de los estados "actúen en consecuencia".
La iniciativa fue presentada por el legislador del PT, Benjamín Robles Montoya, quien argumentó que con su propuesta busca eliminar "contradictorias interpretaciones de la Constitución"
"Cuando la Cámara de Diputados declare un desafuero, las legislaturas locales tendrán que actuar en consecuencia. Con ello se pretende evitar casos como el del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca, que generó un conflicto político y parlamentario relacionado con las facultades de la Cámara de Diputados y del Congreso de ese estado en materia de desafuero".
El diputado aliado de Morena expuso que por interpretaciones de la ley no se logró poner en manos de la justicia al exgobernador panista.
"Según los partidos de oposición, la interpretación de la ley lleva a la conclusión que, tratándose de gobernadores, la declaración de procedencia que dicta la Cámara de Diputados tiene efectos meramente declarativos, pues debe ser remitida por el Congreso local y éste decidir en última instancia si ponía al gobernador a disposición del Ministerio Público o no, pero hay quien sostiene que la misma ley establece claramente que las resoluciones de la Cámara baja son inatacables y no pueden ser desechadas".
Sin embargo, Benjamín Robles no expone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el máximo tribunal del país, abordó este tema y el proyecto de la ministra Margarita Ríos Farjat estableció que los Congresos de los estados tienen la última palabra para si le retiran la inmunidad procesal penal a un gobernador o a un servidor público, como también fue el caso del fiscal general de Morelos, Ulises Gándara Carmona, a quien tampoco s llevó ante el Ministerio Público Federal.
El diputado oaxaqueño indicó que, independientemente de las implicaciones que el asunto se García Cabeza de Vaca generó, quedó expuesto que el actual texto constitucional y legal no es lo suficientemente preciso y da lugar a interpretaciones contradictorias sobre el procedimiento de desafuero, por lo que la reforma presentada tiene el propósito de resolver las anteriores deficiencias y poner fin a las diversas y opuestas interpretaciones constitucionales.
“El actual texto constitucional no es suficientemente preciso y da lugar a interpretaciones contradictorias; la reforma resolverá las deficiencias y pondrá fin a las opuestas interpretaciones constitucionales”, dijo.
El dictamen fue discutido y aprobado así por la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el panista Juan Carlos Romero Hicks, y reforma el artículo 28 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en materia de declaración de procedencia contra servidores públicos de las entidades por delitos federales.
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